artín Aguilar
Javier y César Duarte, exgobernadores de Veracruz y Chihuahua respectivamente, comparten algo más que el apellido. Ambos pertenecen al grupo que el expresidente Enrique Peña Nieto calificó como «el nuevo PRI» al inicio de su sexenio, pero hoy se encuentran tras las rejas en medio de sonados casos de corrupción.
Y de darse una serie de elementos, en 2022 podrían compartir la buena fortuna de salir libres de prisión. En el caso de Javier Duarte, basta con que logre frustrar la acusación por desaparición forzada que pesa en su contra y, en la sentencia que paga por lavado de dinero, tramitar su libertad anticipada por buen comportamiento.
En lo que respecta a César Duarte, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa la alternativa de otorgarle un criterio de oportunidad.
En términos simples, ambos exmandatarios son acusados por encabezar operaciones que llevaron a presuntos desvíos de recursos desde sus gobiernos hacia empresas fantasmas. Es decir, se dedicaron a desaparecer dinero del erario público.
Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016, año en que se reveló que, a través de diversas dependencias de su administración, que funcionaron de manera coordinada, se desviaron fuertes sumas de dinero a través de empresas que solo existían en papel.
Pidió licencia unas semanas antes de acabar con su encargo y escapó del país tras la información de que existía una orden de aprehensión en su contra. El 15 de abril de 2017 fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México por los presuntos delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
Estas acusaciones lo mantienen cumpliendo una condena de solo nueve años de prisión debido a un acuerdo que consiguió con la Fiscalía General de la República (FGR) para declararse culpable a cambio de no ser acusado de delitos más graves.
El exmandatario está por salir debido a que ya cumplió más de la mitad de su sentencia y, por tanto, puede tramitar su «libertad anticipada» por buen comportamiento y así cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel. Aunque antes debe sortear un último obstáculo.
A principios de mes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Desde mayo de 2018, una jueza federal ordenó la detención del exgobernador por dicho delito, pero debido a que el Gobierno de Guatemala no había dado su permiso para que fuera procesado por éste, pues lo entregó en extradición por cargos distintos, la acusación se retrasó.
De manera específica, las autoridades lo señalan por presuntamente estar relacionado con el hallazgo de restos humanos en una barranca conocida como La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
Su abogado, Pablo Campuzano, aseguró que no se ejecutó ninguna orden de aprehensión en contra del exgobernador ya que obtuvieron una suspensión provisional para impedir el acto.
El amparo está por resolverse de manera definitiva.
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