Rebeca Marín
El subsidio directo e indirecto a gasolinas y diésel que otorgará el gobierno federal este año a los consumidores puede costar más de lo que estima el gobierno a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con expertos.
Ayer, en conferencia de prensa, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que ese apoyo significará un impacto fiscal total de 356 mil millones de pesos.
El monto podría llegar hasta 400 mil millones de pesos al cierre de 2022, consideró al presentar el Informe Tributario.
«Para este año tenemos estimado que sea de alrededor de 200 mil millones de pesos por la crisis y además hay uno adicional que salió posterior, que es el complementario, que estimamos en 13 mil millones de pesos por mes», detalló.
Los 356 mil millones de pesos equivalen a 1.8 veces el costo que tendrá construir la refinería Olmeca, en Tabasco, por 196 mil millones de pesos, o a 87% de las ventas de gasolinas de todo el año pasado, por 411 mil millones de pesos.
Sin embargo, para la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías, asumiendo que los precios de las gasolinas se mantendrán altos, la cantidad estimada por el SAT se queda corta, ya que el centro que dirige la estima en alrededor de 500 mil millones de pesos para 2022, casi 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
«Se me hace una estimación un poco baja, son cuentas alegres porque no cuadran con lo que esperan para el precio del petróleo este año», consideró.
Explicó que en los Precriterios Generales de Política Económica 2023, la Secretaría de Hacienda previó un nuevo precio para la mezcla mexicana de 92 dólares por barril para este año.
Así, estableció que, si se mantiene en ese nivel, los estímulos fiscales para combustibles también lo harán.
Sobre el impacto que tendrán las subvenciones, la especialista advirtió que se trata de una pérdida recaudatoria con impacto sobre las finanzas públicas, ya que a mediano plazo obligarán a recortar el gasto o a un mayor endeudamiento público.
Si se piensa a mediano plazo, se trata de recursos que se deberían estar destinando para otras cosas, como implementar un sistema de salud federalizado como el que se ha anunciado este martes.
«Ese dinero que se va a estímulos es un costo-oportunidad muy fuerte. Además, son recursos regresivos, porque la mayoría que lo aprovecha son los dueños de autos», expuso.
Macías advirtió que el costo-beneficio es de corto plazo, ya que la inflación le pega más a la población vulnerable. «Por ese lado, sí es un paliativo», dijo.
Así, generar incentivos para seguir usando el auto, con la vertiente de la contaminación, no funciona, recalcó.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, justificó los subsidios como parte de una política antinflacionaria en lugar de oír a las voces ortodoxas que piden a los países paquetes de estímulos para paliar la escalada de precios.
«Las voces más ortodoxas, dicen que hay que seguir con los programas de paquetes de estímulos fiscales que se implementaron durante la pandemia de Covid», señaló.
Incluso, mencionó el caso del estímulo complementario a importadores y productores de combustibles, pues se tiene un beneficio en materia de seguridad pública.
«Con la compensación al comercializador del diesel y gasolina para que no suba el precio, se quitan todos los incentivos al contrabando», afirmó.
Buenrostro expuso que el contrabandista de combustibles compra ahora muy cara la gasolina, y si la introduce de manera ilegal, no tiene derecho al subsidio.
«Lo que hace el contrabandista es no pagar IEPS, pero ahora nadie lo paga. Ya no tiene ese incentivo», recalcó.
De ahí que algunas empresas que se dedicaban al contrabando pararon sus operaciones, agregó, y lo que ocurra mientras dure el estímulo complementario permitirá al SAT medir el tamaño del contrabando en las fronteras.
Buenrostro aseguró que por eso el impacto inflacionario ha sido menor y el país tiene una inflación por debajo de la de otros países, por el estímulo a gasolinas y diesel.
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