Martín Aguilar
El gobierno federal impugnó el amparo que promovieron nueve habitantes de Quintana Roo, para que autoridades detengan los trabajos de desmonte por las obras del tramo cinco del Tren Maya, pues argumentaron daños a la Selva.
El recurso lo promovió Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya y de Nacional Financiera, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El asunto se turnará a un tribunal colegiado quien en los próximos días determine si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgado federal.
Con su demanda, los quejosos pretenden evitar daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte del sistema subacuático conocido como Dos Ojos-Sac Actún, del Sistema Pool Tunich (Río Secreto), Sistema Sac Muul y Sistema Alux, así como al hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción.
Esta es la tercera ocasión que la autoridad apela los recursos promovidos por ciudadanos y asociaciones civiles, entre ellas, Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y Cenote Republica
La semana pasada, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, negó la suspensión a nueve habitantes de Quintana Roo, quienes tramitaron la demanda de amparo el pasado 8 de abril contra actos del Fonatur y otras autoridades.
En ella, los promoventes, quienes pidieron al juez que sólo aparezcan sus iniciales, reclamaron «la orden y ejecución de trabajos de desmonte y construcción que están destruyendo la selva maya». No obstante, el impartidor de justicia no les concedió la medida cautelar.
Asimismo, señaló que el recurso de queja que interpuso el apoderado legal de Fonatur «procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional».
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