Rebeca Marín
El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México que revise las posibles violaciones de los derechos laborales en la planta de autopartes Teksid Hierro, propiedad de Stellantis, fabricante de Jeep.
La solicitud se hace dentro del marco de los requisitos del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Trabajo, Mary Walsh, solicitaron a México que investigue si a los trabajadores de la planta de Teksid Hierro de México, en Frontera, Coahuila, se les niegan las libertades de asociación y negociación colectiva.
Tai también ha ordenado a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que suspenda la venta de todas las entradas de mercancías no vendidas de la planta de Teksid Hierro.
México tiene 10 días para acceder a realizar una revisión y, si lo hace, 45 días a partir del lunes para completarla.
El T-MEC requiere que México tenga leyes para el reconocimiento efectivo de la libertad de los trabajadores para negociar colectivamente y permite a Estados Unidos revocar la exención de aranceles a las exportaciones de fábricas individuales que no cumplan con las leyes laborales nacionales, como las reformas que México instituyó en 2019.
El 5 de mayo, el sindicato United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW); la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), presentaron una petición en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC al Comité Laboral Interinstitucional para la Supervisión y el Cumplimiento.
El comité determinó que había suficientes pruebas creíbles de las alegaciones de que a los trabajadores de Teksid Hierro se les negaban los derechos de sindicación. La solicitud es la cuarta del gobierno estadounidense en el marco del mecanismo.
«El Gobierno de México reitera su compromiso con la efectiva aplicación de las disposiciones establecidas en el T-MEC y en la legislación nacional, garantizando con ello transparencia y certeza para las y los trabajadores de México», fue la respuesta de la Secretaría de Economía en un comunicado.
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