En un plazo no mayor de 17 días, el Congreso de la Ciudad de México deberá convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Lo anterior para discutir, analizar y aprobar el mandato del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).
Se trata de incrementar al menos en 200 millones de pesos el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para el ejercicio 2022.
El pasado 15 de junio, el pleno del TECDMX ordenó al Congreso capitalino aumentar el monto asignado para el IECM.
De acuerdo al Tribunal, la disminución de recursos vulneró las garantías de legalidad y autonomía presupuestal previstas en la Constitución Federal.
Aclaró que ni la Secretaría de Administración y Finanzas, ni la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tienen atribuciones para modificar el presupuesto de egresos propuesto por el IECM.
En consecuencia, el Poder Legislativo local partió de una base «incorrecta» al aprobar el gasto del Instituto.
Lo «incorrecto» radica en que el Congreso avaló la solicitud de Sheinbaum, pero no atendió el proyecto del IECM consistente en mil 900 millones de pesos.
Por eso, el Tribunal ordenó a Sheinbaum, por conducto de la Secretaría de Finanzas, ejecutar la entrega de recursos que deberá incrementar el Congreso capitalino.
El Tribunal también ordenó al Poder Ejecutivo local, abstenerse en ejercicios subsecuentes de intervenir en la configuración del presupuesto del EICM.
Pero dicha resolución provocó escozor en la jefa de gobierno, quien advirtió que no habrá más recursos para el Instituto.
«Se excede el Tribunal en su resolución, la Constitución establece claramente que es el Poder Legislativo quien tiene las facultades de legislar sobre el Presupuesto de Egresos», dijo Sheinbaum.
Tiene razón la jefa de gobierno, pero lo que no aclaró es que ella tiene dominio casi absoluto del recinto de Donceles y Allende.
La instrucción para aprobar una drástica reducción al presupuesto del IECM salió de su oficina, atropellando las facultades del Legislativo capitalino.
En resumidas cuentas, la aprobación realizada por el Congreso local de mil 201 millones de pesos para el Instituto fue una orden del Ejecutivo.
Otro dato: ¿Si es facultad del Legislativo aprobar el Presupuesto, porqué Sheinbaum giró instrucciones a la Consejería Jurídica para interponer un recurso en contra de la resolución del Tribunal?
El caso es que el Legislativo deberá aprobar cuando menos el monto asignado para 2019, consistente en mil 425 millones de pesos.
En caso contrario, habrá amonestaciones públicas, arresto administrativo por 33 horas o multas por casi 500 mil pesos.
Aunque en el discurso diga lo contrario, en los hechos la jefa de gobierno quiere dominar y controlar a los poderes Legislativo y Judicial.
Las pruebas de esa flagrante intromisión están a la vista. ¿Quién se excedió?
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