Rebeca Marín
El acta de designación de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que finalmente hizo pública el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tras meses de negativas de transparencia y una orden del INAI, sólo contiene las firmas de la titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, y un subalterno. Ninguno de los integrantes del Consejo Directivo del CIDE, órgano responsable de aprobar la designación, firmó el documento.
Javier Martín Reyes, profesor de asignatura de derecho constitucional en el CIDE e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el acta difundida por el Conacyt es una «confesión» de que la designación de Romero Tellaeche fue ilegal.
El acta fue entregada en días recientes por el Conacyt a Aristegui Noticias, después de meses de solicitudes de transparencia y recursos de revisión, hasta que el INAI ordenó hacerla pública.
«El acta que se publica de alguna manera es una confesión de que la elección de Jose Antonio Romero Tellaeche como nuevo director del CIDE fue ilegal. Por una parte, si uno revisa la normatividad que estaba vigente, el estatuto del CIDE es muy claro cuando dice que el grupo de auscultación externa debe conformar una propuesta de tres o cuatro candidatos, que después se somete a la directora de Conacyt», dijo.
Sin embargo, «lo que ya sabíamos, y se confirma con este documento, es que el grupo no hizo una propuesta de 3 o 4 candidaturas sino que hizo una recomendación única, que fue la de Romero Tellaeche, y eso sería suficiente para revocar la designación y se repita el proceso».
Otro dato, explicó Javier Martín Reyes, es que Álvarez-Buylla no permitió votar Consejo Directivo del CIDE, integrado por representantes de diversas dependencias e instituciones como el INE o el Colmex.
«El estatuto general del CIDE que en ese momento estaba vigente, señala con toda claridad que una de las facultades indelegables que tiene el Consejo Directivo del CIDE es la de formalizar el nombramiento de la dirección general; en ese sentido, queda muy claro que el consejo directivo debía de votar y cuando uno revisa el acta, también es posible confirmar que la directora del Conacyt no permitió que el Consejo Directivo votara a favor o de formalizar ese nombramiento», explicó.
Por su parte, la Asamblea Estudiantil del CIDE también criticó el acta difundida por el Conacyt, por orden del INAI, pues carece de fundamentos jurídicos.
«De ser cierto el contenido (del acta), consideramos que constituye confesión de parte de que el proceso de designación fue ilegal al referir diversas irregularidades, entre ellas que no se permitió la votación de los asociados del CIDE sobre la formalización del cargo en el que se impuso a Romero Tellaeche», dice el comunicado de la Asamblea.
Javier Martín Reyes agregó que el acta también es evidencia de que el Consejo oculta información: «Lo que sí sabemos es que el Conacyt desapareció o se negó a incluir un documento en el que el INE se pronunció en contra de la designación de Romero Tellaeche y señalaba irregularidades».
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