Rebeca Marín
El programa de reordenamiento de vendedores ambulantes en el Centro Histórico redujo el comercio informal 24 por ciento, informó Dunia Ludlow Deloya, subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
Al participar en el foro “Vendedores Informales. Economía Popular Transformadora”, organizado por el Instituto de Economía Social de Bogotá, que se realiza en Bogotá, Colombia, la funcionaria capitalina detalló que en ese lapso de tiempo se redujeron 2 mil 800 puntos de venta en esa zona, además de que también se registró una disminución de 34 por ciento esta actividad comercial en la zona prohibida del Centro Histórico.
Actualmente en las calles del primer cuadro hay 100 organizaciones de comerciantes y más de 8 mil vendedores informales. Para llevar a cabo ese reordenamiento, se hizo la división del Centro Histórico para llevar un puntual seguimiento en las 158 calles con sus mil 124 cuadras y 24 plazas.
Se realizó una revisión de los Permisos Administrativos Temporales Revocables además de la emisión y difusión de las 12 reglas de operación del comercio en vía pública más las cinco prohibiciones.
Asimismo, se realizó el diálogo permanente con todas las organizaciones, operativos permanentes y nocturnos para el retiro de estructuras así como castigos en tramos completos de calle.
Ludlow Deloya comentó que también detectaron 82 por ciento del cumplimiento en días de descanso en los perímetros A y B.
“Detectamos 83 por ciento menos toreros, sobre todo en las calles Del Carmen-Correo Mayor, Venustiano Carranza, Moneda-Zapata, Soledad y en Vidal Alcocer-Circunvalación”.
Además de 60 por ciento menos volanteros y tarjeteros en Madero, Tacuba y Motolinia, fueron retiradas mil 559 estructuras en Eje 1 Norte, Manuel de la Peña y Peña, entre Del Carmen y Manuel Doblado, así como el decomiso de 87 radios portátiles.
También se visitaron un total de 79 espacios que fueron entregados a 50 organizaciones para el ejercicio del comercio, distribuidos en 47 inmuebles de propiedad pública entre 1993 y 2007.
Ahí se revisó la situación jurídica y administrativa de las plazas, el nivel de ocupación dentro de las mismas, el cumplimiento de medidas de Protección Civil y el estado de conservación de los inmuebles, además de que se inició un proceso de renovación de los permisos vinculados a su comportamiento en el ordenamiento de la vía pública
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