En diferentes fechas, este espacio ha dado cuenta de la paulatina incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La operación de ese cuerpo nacional de seguridad, su mando y recursos son manejados y controlados por el Ejército.
El anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, sólo es formalizar en la ley lo que es realidad.
Los medios de comunicaciones tradicionales y digitales, han dado cuenta puntualmente de la militarización de esa agrupación.
Se trata de 110 mil elementos, que en su mayoría son militares. Los escasos civiles, se dedican sólo a tareas administrativas.
Por indicaciones del “alto mando”, fueron despedidos los integrantes de la Policía Federal y de la Policía Federal de Caminos.
El Artículo 21 de la Constitución es claro en cuanto a que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil y depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para nada se cumple la Carta Magna y mucho menos la ley que rige la Guardia creada y manejada a capricho del Ejecutivo.
La declaración del presidente de emitir un “acuerdo” desató una ola de críticas, porque violaba la Constitución, que en los hechos ya sucede.
El fondo de la postura presidencial es culpar de nuevo a los diputados de la alianza Va Por México, de no trabajar y oponerse a cualquier reforma a la Constitución.
Justificó su decisión, con el argumento de que el Ejército es una de las instituciones más queridas por el pueblo.
La intención es fusionar a una guardia de carácter policial, saturada de soldados carentes de sensibilidad para realizar tareas de seguridad pública.
¿Ha arrojado resultados que justifiquen su creación? ¿O es sólo una institución que reparte abrazos en lugar de balazos a los delincuentes?
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