Rebeca Marín
La disputa en el sector eléctrico entre México y sus socios comerciales de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, requerirá de negociaciones donde prevalezcan los elementos técnicos del conflicto, por lo que deberá realizarse sin narrativas ideológicas, sólo así se podrán llegar a buen puerto, señaló Juan Carlos Machorro, socio de la práctica transaccional de la firma legal Santamarina y Steta.
“Seguir en el discurso ideológico carece de sentido y no va a permitir desarrollar argumentos de defensa alguna”, dijo.
El especialista señaló que existe la posibilidad de llegar a un arreglo sensato si el equipo negociador mexicano, liderado por la Secretaría de Economía, toma en cuenta algunas estrategias.
En primer lugar, destacó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar consciente que se encuentra en el último tercio de su gobierno, y que algunas de sus medidas de política energética no llegarán a ver la luz este sexenio al estar suspendidas por el actuar del poder judicial, con lo cual habría que preguntarse si vale la pena tener diferencias con sus socios comerciales de Norteamérica.
“Si el poder judicial se pronunciara por la inconstitucionalidad de estas medidas (política energética del Gobierno de AMLO), el asunto podría quedar sin materia en el escenario del propio Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que podría dar pie a una suerte de tregua en estas materias, podría ser una estrategia de negociación”, apuntó Machorro.
Sin embargo, si el poder judicial confirma la constitucionalidad de la política energética del presidente López Obrador, podría negociarse que no serían aplicadas a inversionistas protegidos por el T-MEC, esto daría un cariz de seriedad y análisis técnico-jurídico a la postura mexicana, consideró el especialista.
Machorro también señaló que mientras transcurre la fase de consultas, debe existir un compromiso de no iniciar medidas adicionales que pudieran violentar el tratado en los términos planteados por los Estados que lo integran, y de esta forma, reactivar los trámites que se encuentran pendientes en los órganos reguladores, particularmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Es altamente probable que el gobierno mexicano no logre restablecer monopolios estatales integrados verticalmente; sería deseable y responsable no mantener frentes abiertos que esta administración no pueda cerrar antes de concluir su mandato”, aseveró.
Por otra parte, José Manuel Vargas Menchaca, quien fuera coordinador del sector privado en el capítulo de solución de controversias durante las negociaciones del T-MEC, visualizó que en caso de que se creará un panel para analizar la reclamación en materia de energía en contra de México, es posible que el resultado se conozca a más tardar en el primer trimestre de 2023.
“Lo cual colocará a México en una nueva condición para negociar su acatamiento y en todo caso para que su cumplimiento se realice antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador”, dijo.
Explicó que la solicitud de consultas presentada por Estados Unidos, y después por Canadá, identifica cuatro medidas que en su opinión son violatorias de diversas disposiciones del T-MEC, entre ellas, los artículos 2.3, 2.11, 14.4 y 29.3.
En estos capítulos se resalta la falta de respeto al principio de trato nacional con respecto a las mercancías, las inversiones y los inversionistas, así como un cambio en las políticas y reglas que afectan la venta, la compra, el transporte, la distribución y, uso de gas natural y diésel automotriz en perjuicio de las empresas estadounidenses y canadienses.
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