Martín Aguilar
A todo vapor y sin modificar una coma a la iniciativa presidencial, los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PES en el Senado de la República aprobaron por mayoría, en lo general y en lo particular, las reformas a la Guardia Nacional.
La bancada de Morena y sus aliados avalaron el proyecto de ley con 71 votos a favor, mientras que las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, MC y PRD emitieron 51 votos en contra y se contabilizó una abstención del líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila.
Una vez que se discutan y se voten las reservas al dictamen, el presidente de la Cámara alta, Alejandro Armenta Mier, turnará el proyecto de ley al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al inicio de la discusión en el pleno, las bancadas oficialistas rechazaron una propuesta de moción suspensiva del líder de los senadores del PAN, Julen Rementería.
En una discusión por momentos ríspida, en donde incluso el senador de Morena, Héctor Vasconcelos amagó a la senadora del PAN, Lilly Téllez, de presentar una demanda penal por “difamaciones y calumnias al presidente” López Obrador, los grupos parlamentarios llevaron el debate a una duración de casi 12 horas.
Con protestas afuera de la Cámara de Senadores por parte de colectivos contrarios a la militarización del país, las reformas avaladas establecen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, organismo con mando civil que suplió a la Policía Federal y que fue creado apenas el 26 de marzo de 2019.
Además, faculta a la Guardia Nacional a intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, hacer uso de las armas que le sean autorizadas, así como auxiliar a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus misiones.
También establece que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le corresponderá formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, así como proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal.
En medio de protestas en el pleno de senadoras de Acción Nacional –quienes mostraron pancartas de tuits de hace algunos años del presidente López Obrador, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde rechazaban las tareas de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad–, los senadores morenistas, petistas y “verdes” rechazaron que esta reforma busque la militarización del país.
Damián Zepeda, senador del PAN, manifestó que con esta reforma “se busca la militarización del país”, y cuestionó que “se esté tratando de engañar a la ciudadanía con discursos de una supuesta pacificación en México.
Consideró que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de López Obrador “es un fracaso”, y reiteró que “además de ser ineficaz sólo impulsa la militarización, pero además ponerse de rodillas ante el crimen organizado, como ocurrió con el llamado Culiacanazo”.
Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, reprobó al gobierno federal por “no combatir la corrupción en los cuerpos policiales, ni establecer mecanismos de profesionalización y controles de confianza, pero sí de auspiciar la militarización de las fuerzas de seguridad”.
Adelantó que el Revolucionario Institucional presentará una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional.
Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, advirtió que reformar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional “contravienen a la Constitución y se hace un fraude constitucional, rompiendo el pacto social y estableciendo un precedente”.
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