Rebeca Marín
La Secretaría de Economía (SE) precisó información sobre el Índice de Competitividad Internacional 2022, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En una nota aclaratoria dijo que la mayor parte de los datos de los países son del 2020 y 2021.
Detalló que también se considera información del 2018, 2019 y algunos datos del 2022.
La Secretaría agregó que en versiones previas del indicador se consideraba un sólo año para hacer una comparación uniforme para todos los países.
‘‘En contraste, los resultados de 2022 no reflejan la situación de la competitividad de un solo año en específico, ya que se utiliza información de diferentes años. Lo anterior cobra relevancia si se considera que, a partir de 2020 se ha presentado un escenario atípico, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19′’, detalló SE.
En tanto, en los dos subíndices en los que supuestamente se muestra un descenso: Economía y Derecho, los criterios resultan cuestionables, dijo la Secretaría.
Por ejemplo, el aumento en la inflación ha sido un fenómeno mundial que deriva de choques de oferta, primero ocasionados por la pandemia y, recientemente, por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Las autoridades agregan que en cuanto al subíndice de Derecho, el reporte considera un deterioro en la independencia del Poder Judicial, no obstante que varias decisiones de jueces tienen detenida la aplicación de diversas medidas propuestas en materia energética, argumenta la SE.
Algunos ejemplos que muestran independencia de criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según la SE son:
Cuando se concedió la suspensión en una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que las empresas compren el excedente de gas natural a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La SCJN dio la razón al Instituto Nacional Electoral (INE) cuando éste modificó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato.
En temas medioambientales, la Corte también ha ordenado detener algunos proyectos de infraestructura.
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