En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador existe un descontrol total en el caso Ayotzinapa.
La promesa del mandatario a los padres de familia de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, quedó en eso.
El Presidente creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Bajo la encomienda de echar abajo la “verdad histórica” de Jesús Murillo, acusó “crimen de Estado”, con mayor responsabilidad en el Ejército.
Un día después de que Encinas presentó su informe, Murillo Karam fue detenido acusado de desaparición forzada y tortura.
Con base en la verdad de Encinas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 83 órdenes de aprehensión, 20 contra integrantes de las Fuerzas Armadas.
Pero dos días después la FGR canceló 21 de esas órdenes, 16 correspondientes a militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo presentó su renuncia.
El Presidente López Obrador, argumentó “diferencias”, además de haber recibido presiones.
Los militares acusados de delincuencia organizada son el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Fabián Alejandro Pirita.
A Rodríguez Pérez, Encinas lo acusó de ser el responsable de ordenar la muerte de seis de los 43 normalistas, quienes permanecieron con vida días después de los hechos de Iguala en 2014.
Los abogados de los militares, denunciaron que se trata de una “fabricación de culpables” con tintes políticos.
César Omar González, uno de los defensores de los militares, adelantó la posibilidad de emprender acción legal contra Encinas por lo señalado.
Precisamente, este miércoles 28 de septiembre un juez federal concedió a Murillo Karam la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso.
Antes, familiares de Murillo viajaron a Costa Rica para interponer una demanda por la detención del ex procurador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el Grupo de Expertos Internacionales, también marcó distancia de “la verdad de Encinas”, que no es otra cosa que una copia de “la verdad histórica” de Jesús Murillo.
La defensa de Murillo ha dicho que en más de 20 mil fojas de la carpeta de investigación no hay elementos ni las pruebas que le imputan.
Han pasado cuatro años de este gobierno, y ocho desde la desaparición de los normalistas, pero se desconoce su paradero.
Hoy el Presidente se encuentra sumido en un torbellino de contradicciones, al tener como mayor soporte de su gobierno en las Fuerzas Armadas, con algunos de sus integrantes acusados de la desaparición de los normalistas.
La justicia para las víctimas no ha llegado. Hay presos políticos en la cárcel como Murillo y los militares, a los que no se les ha comprobado responsabilidad alguna.
Así las cosas en la otra “verdad histórica” de López Obrador y Encinas. ¿Quién resultó peor?
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