Martín Aguilar
Organizaciones y colectivos ambientalistas exigieron este miércoles medidas urgentes para que cese la violencia y el hostigamiento contra las y los defensores del ambiente, cuyos asesinatos ha convertido a México en el país más peligroso para los protectores ambientales.
A través de un pronunciamiento, organizaciones como División Juvenil de Cambio Climático Ecovalores Engenera, A.C Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Extinction Rebellion México FIAN México y Greenpeace México A.C., entre otros, solicitaron además que el Poder Legislativo llame a comparecer a las autoridades encargadas de la protección de defensoras y defensores del ambiente, como parte de las medidas que habrán de adoptarse para que su muerte no quede impune.
Asimismo, que se dé a conocer un plan para la implementación cabal del Acuerdo de Escazú, ratificado por México el año pasado y en el cual, se reconoce la urgencia de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, y se cree una comisión intersecretarial para la implementación del mismo.
“ ¡Defender la vida les costó la vida! Todas las personas estamos en deuda con las defensoras y defensores del ambiente asesinados”, afirma el pronunciamiento.
Destaca que tan solo en 2021, 54 defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en el país, la mayoría en comunidades locales e indígenas y que el riesgo ha sido principalmente debido a su manifestación en contra de megaproyectos extractivos como la minería y los hidrocarburos, así como cuando las comunidades manifiestan su inconformidad respecto a la contaminación, tala o explotación desmesurada de los recursos naturales que implican externalidades para sus grupos. “Lamentablemente estos asesinatos han ido en aumento en años recientes, pues en 2020 se registraron 30 asesinatos a activistas ambientales en México”, afirma.
De igual modo, advierte que México y el mundo enfrentan el reto ecológico y climático más amenazante de la historia de la humanidad, por lo que defender el ambiente es defender la vida de todas y todos, especialmente de grupos vulnerados y tradicionalmente excluidos como personas en situación de pobreza.
El pronunciamiento reprocha, además, que pese a que México ya ratificó el Acuerdo de Escazú, sigue sin asignar recursos suficientes y sin fortalecer instituciones que puedan respaldar su implementación y con ello contribuir a la seguridad de quienes defienden al ambiente.
“Resaltamos que la implementación del Acuerdo de Escazú en México, debe considerar integrar de manera central la perspectiva de género e interseccional como ejes transversales para la incidencia, para promover la participación de las mujeres defensoras quienes además de verse atravesadas por distintas discriminaciones, enfrentan la violencia y la criminalización de sus luchas de manera diferenciada”, afirma.
De acuerdo con el último informe de la organización Global Witness, cerca de 40 por ciento de los ataques contra ambientalistas en México han sido a representantes de comunidades locales e indígenas.
Aunado a esto, señala los altos niveles de corrupción en las empresas y los gobiernos, así como la falta de un enfoque estructural a largo plazo. “La imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado, genera enfrentamientos en territorio y un choque de enfoques hacia el desarrollo”, subraya.
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