Martín Aguilar
El Instituto Nacional de Migración (INM) da un plazo de 15 días a los migrantes expulsados de Estados Unidos a México para que abandonen el país por la frontera sur más cercana, denunció este sábado la organización humanitaria HIAS México.
A través de un comunicado, HIAS externó su preocupación por la situación que viven los migrantes —en su mayoría venezolanos— en la frontera, quienes se están viendo afectados tanto por las restricciones del Título 42, como por la orden que implementó el INM sobre su salida con margen de tiempo.
“Uno de los temas que nos alarman, es que las personas no están recibiendo ningún documento migratorio que les garantice una estancia regular en México, y no se les está informando su derecho a solicitar asilo en este país”, se lee en el documento difundido por la organización.
HIAS develó el documento del “oficio de salida definitiva del país” por parte del INM. Se lee que una persona originaria de Venezuela recibió un “oficio de salida en un término no mayor a 15 días naturales, para que por sus propios medios abandone el territorio mexicano por la frontera sur más cercana”.
“Desde HIAS hemos documentado casos de personas que están recibiendo estos oficios y que en ningún momento fueron sujetas a un proceso administrativo migratorio y no solicitaron expresamente al Instituto Nacional de Migración su salida voluntaria de México”, acusa en el comunicado.
Por último, la organización recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló en un comunicado del 12 de octubre que México accedió a recibir a migrantes expulsados bajo el mandato del Título 42 por razones humanitarias. Por lo que se hizo un llamado al gobierno para salvaguardar los derechos de las personas refugiadas.
Desde la tarde del jueves y la mañana del viernes llegaron a la frontera de Tijuana los primeros migrantes venezolanos deportados por EU.
El hecho se produjo luego de que el pasado miércoles el gobierno de EU emitiera una medida conjunta con el mexicano para retornar de forma inmediata a aquellos migrantes del país sudamericano que ingresen de forma irregular por la frontera.
Aunque según el Departamento de Seguridad Nacional esta medida es “para reducir la cantidad de personas que llegan a nuestra frontera sudoeste y crear un proceso más ordenado y seguro para quienes huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”, activistas señalan que se trata de una política que pone a la deriva a los migrantes.
Hasta el momento se sabe que fueron alrededor de 250 los migrantes deportados por el puerto fronterizo de El Chaparral.
Tras las deportaciones, la comunidad venezolana en Tijuana se dio a la tarea de buscar la manera de organizarse para poder apoyarlos, sobre todo a aquellos que dejaron todo su patrimonio para cruzar hacia Estados Unidos.
Para Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, el INM tiene “que dejarlos en un albergue, no los pueden dejar a la deriva, sería algo inhumano”.
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