Martín Aguilar
La Ciudad de México, entidad en la que este jueves fue atacado a balazos fuera de su hogar el periodista Ciro Gómez Leyva, es la entidad en la que más agresiones contra comunicadores se registraron durante la primera mitad del año, documentó la organización Artículo-19.
Según su informe especial «La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste» publicado en agosto pasado, entre enero y junio de este año la demarcación gobernada por Claudia Sheinbaum −una de las virtuales corcholatas a la presidencia de la República− es la más agresiva con los periodistas.
Aunque en comparación con otros estados del país en la capital aún no hay ningún homicidio por el desempeño de este oficio, los primeros seis meses del año sumaron 49 ataques contra periodistas, 19 más que 30 las registradas en Yucatán y Michoacán durante el mismo período, y más del doble que los 21 ataques documentados en Tamaulipas.
La organización que defiende y promueve la libertad de expresión no dio detalles acerca del tipo de agresiones que se efectúan por entidad, sin embargo, a nivel nacional señala que son los funcionarios públicos los principales accionantes de estos ataques con al menos 75; seguido de particulares, con 68; policías locales y estatales, con 45; y el crimen organizado, con 30.
Asimismo, advirtió, es la intimidación y el hostigamiento −físico o digital− el tipo de agresión que más sufren los periodistas alrededor del país, seguido de amenazas, uso ilegítimo del poder público y los ataques físicos que pueden culminar o no en homicidios.
Para intentar atajar la creciente problemática, en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pero desde entonces al menos 82 periodistas han sido asesinados, varios de ellos inscritos al programa dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Ante estas «complicaciones», y a pesar de que en los últimos cuatro años el número de periodistas y defensores de derechos humanos protegidos aumentó en más de 100 por ciento, según Segob, al pasar de 798 en 2018 a mil 672 en 2021. Por esto, la dependencia anunció un fortalecimiento al programa.
El miércoles pasado el titular de la Unidad de Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, adelantó que se erogará mil 800 millones de pesos en 2023 para las medidas de protección, cifra que «es superior al recurso destinado en todo el sexenio anterior, en donde solo se erogó 782 millones de pesos».
A pesar de estas cifras organizaciones como Artículo- 19 y el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, han reconocido que el mecanismo es insuficiente debido a la impunidad, la falta de coordinación entre instituciones y el tiempo de respuesta del botón de pánico.
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