Martín Aguilar
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) giró una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) luego de concluir que los cinco jóvenes asesinados en Tamaulipas por elementos militares, y sus dos acompañantes, no iban armados y no atacaron a los elementos durante la madrugada del 26 de febrero.
A casi un mes de la agresión que dejó sin vida a cinco jóvenes, hirió a uno más y en la que otro resultó ileso, la CNDH emitió una recomendación al concluir con la averiguación que inició un día después de la agresión, la cual fue catalogada por organizaciones de la sociedad civil y vecinos de la zona como una ejecución extrajudicial.
La CNDH hizo un recuento de los hechos en el que señaló que los jóvenes fueron seguidos por 21 elementos de las Fuerzas Armadas sin otro motivo más allá de la “sospecha” y que en un momento determinado, sin emitir alguna advertencia u orden, un elemento disparó a la parte trasera de la camioneta en la que viajaban las víctimas, acción que replicaron tres elementos más.
Sin embargo, “de acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del vehículo particular. También, que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego”, expuso la Comisión.
Derivado de ello, concluyó que al menos cuatro de los 21 elementos que fueron parte de los hechos dispararon de manera precipitada y sin motivo aparente en contra de la camioneta tipo pick up en la que se transportaban los jóvenes de entre 20 y 25 años de edad.
Razón por la que giró una recomendación al secretario Luis Cresencio Sandoval para garantizar la correcta reparación del daño de las víctimas y sus familiares, como resultado del uso excesivo de la fuerza al que recurrieron los elementos de la dependencia, quienes no mediaron palabra antes de accionar sus armas.
La CNDH solicitó a la Sedena y a su titular colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la inscribir en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agredidas, así como a su núcleo familiar “a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño”.
Ésta, indicó, deberá consistir en una compensación económica, atención médica, psicológica y tanatológica de las víctimas sobrevivientes y los miembros de su familia que así lo requieran.
Además, pidió la colaboración de la Sedena en las denuncias que presente ante el Órgano Interno de Control de la dependencia y la integración de las eventuales causas penales en contra de los cuatro elementos implicados en el ataque.
Por su parte, la CNDH ofreció brindar apoyo psicológico y capacitar al personal militar en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego a los elementos involucrados en los hechos.
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