Martín Aguilar
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó hoy una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto como consecuencia al decreto establecido por del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual menciona que los proyectos como el corredor Transístmico y el Tren Maya sean clasificados como seguridad nacional, con lo que se limita la información de los mismos, así como la transparencia de los proyectos.
Según se lee en el documento, la medida del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental, establecido en el artículo 6o de la Constitución; asimismo, invade las competencias del Poder Legislativo y las facultades del Congreso, al transgredir leyes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obras públicas.
Además, la controversia presentada por Creel Miranda acusa al Ejecutivo de buscar asumir el papel de legislador, pues intenta otorgar el estatus de «seguridad nacional» a las megaobras, sin contar con el respaldo legal para hacerlo.
“Constituye una transgresión a las facultades legislativas del Congreso de la Unión, toda vez que el Titular del Ejecutivo Federal amplía el concepto de seguridad nacional establecido en la Ley, sin contar con las atribuciones para realizarlo”, señala el texto.
Adicionalmente, sugiere que el decreto impide la máxima publicidad de la información y afecta negativamente el principio de transparencia, el cual debe prevalecer en estos procedimientos.
La presentación de la controversia constitucional se generó después de que la semana pasada, la SCJN invalidara un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, el cual buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y de seguridad nacional.
Para anunciar esta acción, el presidente de la Cámara de Diputados publicó un video en redes sociales, donde puntualizó que la medida del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental.
Asimismo, agregó que este decreto perjudica la eficacia, la economía y la honradez en la gestión de los proyectos emblema de la presente administración, tales como la construcción del Tren Maya, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
«Esto es doblemente grave, primero porque violenta nuestros derechos humanos, segundo porque lo hace a sabiendas que es inconstitucional, puesto que la SCJN, acaba de resolver el pasado 18 de mayo una controversia constitucional, la cual establece que el presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y de acceso a la información pública gubernamental», puntualizó.
Por ello, y en línea con lo dicho por la SCJN, Santiago Creel exhortó al presidente que en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si insiste en expedir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara, volverá a impugnar su actuación y así lo hará las veces que sea necesario.
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