Martín Aguilar
Desde su fundación en 1988 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos.
“Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional”.
Por lo que 400 organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprueban las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Recordaron que en la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1 de junio el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo.
“Al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que dichas afirmaciones no son ciertas.
Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los campesinos ecologistas, mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco.
También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos
Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder.
Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.
La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, añadieron, “seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos”.
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