Martín Aguilar
El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció porque los servidores públicos del gobierno capitalino incluyan obligatoriamente el documento denominado Evaluación a Funcionarios Públicos, como un requisito en materia transparencia que será muy útil para que la ciudadanía pueda comprobar que se trata de una persona apta para desempeñar sus funciones.
Al respecto, al hacer uso de la tribuna en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del recinto de Donceles y Allende, la vicecoordinadora de la diputación priista, Mónica Fernández César, aclaró que una de las medidas de transparencia que mejor ayudan a la población a conocer a los servidores públicos colocados en las diversas entidades del gobierno citadino, son los portales de internet con que cuentan.
La congresista del Revolucionario Institucional presentó una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, bajo el argumento de que existe un mecanismo y documento por el cual se puede evaluar los perfiles de los servidores públicos en los diferentes entes de gobierno, que funciona debido a la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA).
Al fundamentar su propuesta que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Poder Legislativo local, aseguró que el mecanismo de evaluación a funcionarios públicos cuenta con lineamientos generales para su funcionamiento, los cuales especifican en primera instancia que el análisis aplica para las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías, órganos de apoyo administrativo y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, así como en otros casos, cuando se encuentren debidamente justificados.
La legisladora del tricolor sostuvo que, sin embargo, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no contempla la integración de la Cédula de Evaluación Favorable a servidores públicos, emitida por la CGMA, como un requisito que debe tener el registro de personas servidoras públicas.
Delineó que a falta de esta cédula y a que en ciertas ocasiones no se puede visualizar la información y perfil profesional de muchas y muchos servidores públicos, es que muchas veces, para la ciudadanía es imposible visualizar los perfiles de cada una de las personas servidoras públicas, se crea desconfianza entre los ciudadanos respecto de las personas con cargos en el sector público y a la vez, no pueden saber si el perfil de dichas servidoras y servidores públicos, son aptos para el puesto que se está ejerciendo.
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