Martín Aguilar
El Instituto Nacional de Migración (INM) debe cambiar el concepto y la infraestructura de las estaciones migratorias para que dejen de ser centros de detención y funcionen como oficinas de procedimientos administrativos tal y como marca la ley, consideró Tonatiuh Guillén, excomisionado de la dependencia.
En conferencia de prensa, dijo que es urgente dar un giro y ampliar las capacidades de las 54 estaciones migratorias a cargo del INM —cerradas desde el incendio en la sede de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos— para que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas que llegan a nuestro país en busca de asilo.
“De entrada, las estaciones migratorias no deben ser centros de detención; debe modernizarse el concepto y ampliar sus capacidades administrativas. Ese giro es el que hay que dar porque obligaría a pensar en otros tipos de procedimientos para resolver el problema migratorio y de infraestructura para el propio instituto”, afirmó.
Desde hace más de dos meses el INM mantiene cerradas 33 estaciones migratorias que están siendo evaluadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además, como informó este diario el lunes pasado, los espacios que mantiene en funciones están semivacíos.
Al 2 de julio pasado, sólo había 267 extranjeros en estaciones migratorias de todo el país, de acuerdo con datos proporcionados por el INM. Esta cifra es poco más de la mitad de la capacidad que tiene, por ejemplo, la estación Iztapalapa (400), una de las más grandes del país.
La dependencia a cargo del comisionado Francisco Garduño ha dicho que mantendrá inhabilitadas las estaciones hasta que la CNDH concluya la inspección y emita el informe correspondiente, lo que se prevé suceda en dos meses más.
“El que las estaciones migratorias se encuentren semi vacías no implica que la situación para los migrantes sea mejor, sobre todo si se trata de un mecanismo para justificar la expulsión inmediata de personas por la frontera sur, lo cual es violatorio de toda la ley de migración y de refugio”, agregó el excomisionado Guillén.
De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración, entre abril y junio pasado, un total de cuatro mil 768 migrantes de ese país y procedentes de otras naciones como Honduras, fueron deportados desde México, de los cuales 3 mil 300, es decir 70 por ciento, fueron retornados en 412 autobuses. La cifra de deportaciones vía terrestre es más del doble a la reportada de abril a junio del año pasado, cuando nuestro país expulsó un total de dos mil 112 migrantes a Guatemala.
Mauro Pérez, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) coincide en la necesidad de actualizar las normas de funcionamiento de las estaciones migratorias y en que se establezcan alternativas de regularización como medidas para abordar el fenómeno migratorio.
“Al Consejo nos gustaría que las estaciones migratorias se mantengan semivacías, porque así dejarán de ser centros de detención, pero a la par, se deben impulsar alternativas de regularización que permitan a los migrantes contar con una documentación con la que puedan transitar por el país con protección”, afirmó Pérez a este diario
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