El 19 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una importante reforma a la Constitución.
“Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
¿Esto qué significa? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser juzgado por delitos electorales.
Han sido reiterados los llamados de las autoridades electorales para que el mandatario se abstenga de intervenir en cuestiones electorales.
El pasado 21 de julio, el Instituto Electoral Federal (IFE) emitió medidas cautelares en contra del Presidente por sus expresiones en las conferencias matutinas.
De manera particular, el INE se refirió a posibles actos anticipados de precampaña y campaña, uso de recursos públicos, violaciones a los principios de equidad y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Pero al día siguiente López Obrador desató su ira contra el INE al que calificó de la “Santa Inquisición”.
Lo anterior por haberle ordenado bajar los vídeos y versiones estenográficas de las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, donde ataca a Xóchitl Gálvez.
«Ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la justicia”, acusó el mandatario.
Al menos son tres momentos en los que el Ejecutivo viola las leyes electorales: el uso de recursos públicos, violación a los principios de equidad y violencia política en razón de género.
El uso de recursos públicos aplica por potenciar a sus aspirantes desde su conferencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal.
Viola la equidad porque desde su conferencia promociona a sus aspirantes, con el anticipado destape y enviados a realizar campaña.
Es decir, que al mencionarlos una y otra vez, colocó en desventaja a la oposición, acusándola de estar “moralmente derrotada”.
Y el tercer elemento, es la violencia política desde el poder en contra de Xóchitl Gálvez, potencial competidora de Sheinbaum.
Todo lo anterior y las promesas incumplidas, suman elementos para acusar al mandatario de traición a la patria.
El analista Claudio de la Llanta –dijo en la Carpeta Púrpura- que López Obrador es el primer Presidente sancionado por contumacia, es decir, por rebeldía o desobediencia.
Una sanción de esa naturaleza no había sido aplicada a ningún otro mandatario, ni siquiera al chacal de Victoriano Huerta o al vendepatrias Antonio López de Santa Anna.
Así el momento actual que vivimos, en un concierto de violaciones a la ley
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