Durante las últimas horas circularon versiones que tergiversaron la postura del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar.
Esto porque propuso sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, por no ratificar a la magistrada María Bárbara Templos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La propuesta, retirada el miércoles 23 de agosto, desató críticas por la pretensión del ministro de alentar “un golpe de Estado técnico”.
Incluso, hubo quienes exigieron al ministro Aguilar disculparse, pues de lo contrario quedaría como un “golpista”.
Pero las cosas no son tan simples como se pretende hacerlo ver ante la opinión pública.
El ministro buscaba separar del cargo al presidente por incumplir con la ratificación de la magistrada del TFJA.
¿Aplicar la ley equivale a darle un golpe de Estado al presidente? ¿Acaso tiene permiso para incumplir la ley?
El mandatario no sólo omitió ratificar a la magistrada Templos, también desobedeció el mandato para que Xóchitl Gálvez estuviera en la mañanera.
Tampoco acató la orden del juez que prohibió distribuir los libros de texto gratuitos, cuestionados por su contenido “comunista”.
A la fecha la Suprema Corte ha recibido más de 2 mil 200 amparos contra los libros.
El mandatario no ha evitado hablar en contra de Xóchitl como lo demandaron las autoridades electorales.
Luis María Aguilar fundamentó su propuesta en el Artículo 107, fracción XVI de la Constitución:
“Si concedido el amparo la autoridad responsable insiste en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada del cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda”.
Es claro que el presidente ha cometido reiteradamente delitos previstos en el Artículo 262 de la Ley de Amparo.
Las faltas radican en desacatar mandatos ordenados por las autoridades judiciales de amparo.
“Se impondrá penas de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”, señala el Artículo 262.
Es evidente que el presidente ha violado la Constitución y las leyes. “No me vengan con que la ley es la ley”, es su máxima.
Pero los aplaudidores de la 4T se escandalizaron porque el ministro Aguilar pretendió aplicar la ley al presidente.
Por ello el mandatario desató su ira en su contra; lo acusó de tener un “pensamiento conservador, retrógrada y que no es un buen juez”.
Discussion about this post