Rebeca Marín
Operaciones contables por un monto de 851 millones de pesos realizaron instituciones del gobierno del Estado de México con diversas empresas cuyos domicilios no fueron localizados, por lo que se presume una posible simulación, reveló el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Lo anterior se desprende del informe de resultados de la Cuenta Pública 2022 que esa instancia fiscalizadora presentó ante diputados locales, donde además detalló que en total se detectaron a dos mil 511 personas servidoras públicas de la administración estatal y a 85 de los ayuntamientos de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, quienes se beneficiaron con el programa Salario Rosa, a pesar de que en las bases del programa se enfatiza que las personas a las cuales iba dirigido el programa tenían que dedicarse al hogar.
De acuerdo con las auditorías de cumplimiento financiero, la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez, dijo a diputadas y diputados que sobre dichas operaciones contables se identificaron adjudicaciones indebidas; incumplimiento de lineamientos y/o reglas de operación de programas; pago con recursos diferentes a los autorizados; y simulación de la ejecución de los trabajos.
Asimismo, ante la omisión para presentar información requerida –lo cual retrasó los trabajos de fiscalización– el OSFEM impuso medidas de apremio a la Comisión del Agua del Estado de México, al Instituto de Salud del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa y a la Junta de Caminos del Estado de México.
Añadió que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (actualmente Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura) se le detectaron la contratación de 42 obras, pero que fueron suspendidas tiempo después sin justificación alguna, por lo que se advierte una presunta simulación en su contratación y ejecución.
Entre las observaciones a los programas sociales destacan que las publicaciones de las convocatorias y registros de las y los solicitantes se realizaron el mismo día; que hubo entregas de apoyos sin cumplimiento de requisitos; que existieron integraciones de padrones sin respetar las normatividades aplicables; y que existen diferencias de datos en diferentes fuentes de información, entre otras cosas.
Detalló que las auditorías de cumplimiento financiero sumaron 419 observaciones, 235 a poderes públicos; 20 a órganos autónomos; 135 a organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y 29 a los Programas Sociales, donde los entes más señalados fueron la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas (Dirección de Recursos Materiales) y la empresa Reciclagua S.A. de C.V., el Instituto de Salud y la Secretaría del Campo. En las auditorías de inversión física hubo 457 observaciones, con más incidencia en la CAEM, la anterior Secretaría de Obra Pública y la Junta de Caminos estatal.
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