La violencia política contra la mujer en razón de género ha sido una constante, sobre todo en momentos de elecciones.
Eran reiterados los abusos y atropellos de políticos, donde se pisoteaban los derechos de la mujer.
En la mayoría de los casos, eran enviadas a distritos o candidaturas sin posibilidades de triunfo.
O bien, entraban como titulares para una diputación o senaduría y de inmediato eran obligadas a solicitar licencia para que ascendiera el suplente hombre.
Casos y ejemplos hay de sobra. El más emblemático es el de Clara Brugada, impuesta en Iztapalapa después de haber sido rechazada como candidata.
En una siniestra jugada entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, pusieron como candidato a Rafael Acosta “Juanito”; triunfó y lo obligaron a ceder la demarcación a Brugada.
La lucha de la mujer y de las organizaciones feministas, logró que en cada proceso electoral 50% de las candidaturas sean para mujer.
Pero eso no ha sido suficiente para frenar la violencia política contra la mujer, en especial cuando se trata de escalar posiciones de poder.
Para tal efecto, en días pasados el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad los procedimientos para constatar que ningún candidato haya incurrido en violencia política en razón de género.
El INE tomó como base el Artículo 38 de la Constitución, el cual en su fracción VII establece la suspensión del derecho a participar en una contienda electoral:
“Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales,
“El normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
“Por ser declarada, como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata”.
La cuestión es que una notable cantidad de casos, no llegan a “sentencia firme”, pese a haberse cometido y ejercido la violencia política que se señala.
Las autoridades electorales diseñaron una serie de filtros para revisar expedientes y documentación, a fin de que quien se encuentre en un escenario de violencia política, le sea negada la candidatura.
Sin embargo, todo puede suceder. Ahí está el caso de Félix Salgado Macedonio, sumido en un escándalo de denuncias y acusaciones, perdió la candidatura para el gobierno de Guerrero, pero puso a su hija Evelyn.
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