Martín Aguilar
Para que la o el titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y fiscalías especializadas sean electos por voto directo de la ciudadanía, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino promueve una iniciativa.
Mediante el diputado local Alberto Martínez Urincho, los morenistas dieron el primer paso en torno a ese tema, al proponer formalmente que los encargados de las fiscalías en la metrópoli sean electos por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que prevea la ley en la materia.
Propuso que duren en su encargo seis años, con posibilidad de reelección por un periodo similar, ya sea sucesiva o alternada. Las personas candidatas se presentarían a elecciones en forma de planilla, que al efecto postulen los partidos políticos locales o los ciudadanos, en los términos que fije la ley electoral.
Martínez Urincho fundamentó que ante las circunstancias que atraviesa la Ciudad de México, por la no ratificación de la ex titular de la FGJ capitalina, Ernestina Godoy Ramos, es necesario que la ciudadanía tome en sus manos la elección de estos funcionarios.
Delineó que los conflictos con fiscalías se presentan en algunas entidades del país, como es el caso de las de Guanajuato, Morelos y Nuevo León, que se han utilizado como instrumento de golpeteo político.
“Ya hemos visto en sendos casos situaciones que se ha puesto de relieve que estas instancias autónomas, lamentablemente terminan en viles componendas, corruptelas o acuerdos, donde se pone en tela de juicio los principios del régimen democrático”, expresó.
Con la representación de Morena, al presentar la iniciativa, dijo que el trance por el que pasa la capital del país también evidencia la importancia de aportar a los instrumentos de democracia directa.
El congresista aseveró que todos los organismos autónomos tienen que ponerse a la luz pública, para que no se conviertan en nichos de corrupción y acotó que la imparcialidad del Ministerio Público es fundamental para la impartición de justicia.
Dentro del documento se señala que la justicia es derecho humano reconocido en los principales instrumentos internacionales en la Constitución Política y es derecho de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que considera violada.
De igual forma, detalla que Estados Unidos es el único país del mundo donde quienes ejercen la acusación en nombre del Estado son funcionarios elegidos directamente por los ciudadanos, aunque no siempre fue así.
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