Claudia Sheinbaum se encuentra en el ojo del huracán, por acusaciones de presunto uso de recursos públicos.
Esa sospecha ha estado latente desde que el Presidente López Obrador la destapó como su preferida.
Una y otra vez salió en su defensa desde la conferencia matutina o bien en la calle levantándole la mano con el mensaje que ello implica.
El monumental despilfarro de recursos para colocar anuncios espectaculares en todo el país, dio pauta a pensar en un posible destino de recursos públicos para su financiamiento.
Hay testimonios y denuncias que configuran dicha hipótesis, y provienen de las entrañas del partido en el poder.
La más reciente y la que causó un mayúsculo escándalo, fue el 20% de las liquidaciones de Notimex solicitado a Sanjuana Martínez para la campaña de Sheinbaum.
El Presidente lo negó rotundamente, lo mismo la propia Claudia. Sobra decir, que difícilmente aceptarán una acusación de esa naturaleza.
Pero hay más denuncias. En agosto de 2023 salió a la luz pública que el gobierno de Colima, encabezado por Indira Vizcaíno, exigía a los empleados 5% de su salario para la campaña de la ex jefa de gobierno.
La cuota inició desde noviembre de 2021, fecha en que López Obrador destapó a Sheinbaum como precandidata de Morena.
Pronto llegó otra revelación, pero más contundente y fue del primer círculo del ex canciller Marcelo Ebrard.
Mediante un documento de 30 cuartillas, detallaron cómo funcionó el operativo de apoyo a Claudia, con una rapaz “intromisión” de la Secretaría de Bienestar y “siervos de la nación”.
Sin embargo, todas esas ocasiones las denuncias no han encontrado eco entre las autoridades.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, es clara en su Artículo 4: en todos los casos el Ministerio Público iniciará de oficio las investigaciones.
Los artículos 6 y 15 de dicha ley señalan que cuando un servidor incurre en algún delito de esa naturaleza se le impondrá sanciones que van desde la inhabilitación, destitución del cargo y prisión de dos a seis años.
El Artículo 15 es contundente: “Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político (…)”.
El Código Penal Federal establece tres delitos que aquí aplican: tráfico de influencia que se sanciona de dos a seis años de prisión; cohecho, de tres meses a dos años de cárcel.
Y el tercero, que es extorsión y se ajusta en grado de tentativa a la denuncia de Sanjuana Martínez:
“Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión”.
¿Sancionarán a Sheinbaum? Imposible.
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