Rebeca Marín
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, bloqueó dos cuentas bancarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por presuntas irregularidades financieras.
La UIF, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, incluyó a la Máxima Casa de Estudios en la lista de personas bloqueadas y ordenó la custodia de activos en dos cuentas abiertas por la Facultad de Medicina en Banco Santander.
Y es que, de acuerdo con informes oficiales de la UIF, se hallaron irregularidades financieras en las cuentas de Luis Arturo González Nava, secretario administrativo de la Facultad de Medicina de la UNAM.
González Nava es el encargado de vigilar los ingresos de la facultad e instrumentar las políticas y procedimientos que permitan la adecuada utilización de los recursos públicos que se le asignan.
El 26 de enero pasado, al tratar de realizar una operación financiera personal de la Facultad de Medicina fue notificado de que las cuentas bancarias estaban bloqueadas.
Por ello, la Dirección Jurídica de la UNAM decidió promover, el 19 de febrero pasado, un juicio de amparo a través del representante legal de la Máxima Casa de Estudios, Jesús Alfredo Armendáriz López.
El amparo es contra la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el banco Santander que, siendo entidad privada, “al ejecutar el bloqueo… ejerce facultad de ejecución, es decir, actos propios de cualquier otra autoridad”, señala la demanda de amparo.
En el escrito se advierte que ni la UIF ni la CNBV notificaron a la UNAM o a la Facultad de Medicina del bloqueo de las cuentas, y fue el banco quien hizo de su conocimiento el acto de autoridad basado en el oficio 110/G/1176/2023 de la CNBV.
Consideró que con ello se violaron, en perjuicio de la Universidad Nacional, los derechos constitucionales de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica, ya que nunca fue notificada.
Asimismo, la UNAM refiere que la UIF bloqueó las cuentas sin fundamento alguno y, por tanto, el acto de autoridad carece de sustento jurídico y resulta inconstitucional.
Ahora será Ulises Oswaldo Rivera González, juez en materia administrativa en la Ciudad de México, quien resuelva si concede la suspensión solicitada para liberar las cuentas y si fueron correctos o no los motivos de la UIF para bloquear los activos financieros a la Facultad de Medicina.
Con este caso se ponen al descubierto posibles actos de corrupción en las áreas administrativas de la UNAM, encargadas del manejo de los recursos públicos, amparados en la autonomía universitaria. El abogado general de la Universidad, Hugo Concha, es el encargado de la defensa del caso.
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