Martín Aguilar
El ministro Javier Laynez aseguró que la independencia del Poder Judicial es necesaria para evitar los excesos del poder público, así como para defender los derechos de las personas.
Al participar en la presentación del libro “La Suprema Corte en la Revolución”, el ministro resaltó que Venustiano Carranza, presidente que promulgó la Constitución de 1917, sabía sobre la necesidad de garantizar independencia al Poder Judicial.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío, consideró que es gracias a los integrantes del Poder Judicial, como jueces, magistrados y ministros, que el país se mantiene “con normalidad”, aún con el contexto de violencia.
Laynez Potisek destacó que la independencia judicial fue uno de los anhelos más importantes en la época revolucionaria además de resaltar la importancia de la Suprema Corte en esa época.
“‘Por ser esto uno de los anhelos más ardientes y más honradamente sentidos por el pueblo mexicano’. Apuntando que esa aspiración era necesaria para hacer efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público que ‘protejan el goce quieto y pacífico de los derechos civiles’”, dijo citando el libro.
Por su parte, Cossío Díaz remarcó el papel de los jueces para investigar y encontrar desaparecidos, suspender leyes o normas generales, así como la responsabilidad de magistrados para respaldar las decisiones judiciales y de los ministros para “sostenerse a pesar de todas las barbaridades que se les dicen”.
“Esto es mantener lo ordinario en condiciones extraordinarias”, consideró.
Los pronunciamientos de los ministros ocurren a un día de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Amparo, para evitar que el Poder Judicial pueda emitir suspensiones temporales a leyes y normas emitidas por el Congreso de la Unión.
Dicha reforma fue propuesta por Morena debido a que, en palabras de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, la Suprema Corte actuó de manera imparcial al suspender la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos para beneficiar a empresas privadas, al frenar la distribución de los libros de texto y evitar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.
El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa constitucional para reformar el funcionamiento del Poder Judicial y entre las propuestas se incluye que los ministros y magistrados sean electos por voto popular.
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