Martín Aguilar
Desde el Congreso de la Ciudad de México en su II Legislatura, se ha dado un compromiso de las diversas fuerzas políticas por erradicar la violencia de género, que incluye que quienes estén condenados por ataques sexuales y familiares o no cumplan con sus responsabilidades alimentarias, no podrán contender a algún cargo de elección popular.
Tras un consenso entre las diez fracciones y asociaciones parlamentaria del recinto de Donceles y Allende, se analizaron y dictaminaron tres iniciativas en este rubro, suscritas por el diputado Jorge Gaviño Ambriz y las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano y Martha Soledad Ávila Ventura que en su momento recibieron el aval del pleno del Poder Legislativo local.
Va a concluir el actual periodo ordinario del Congreso, el próximo 31 de mayo, con el aval del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político–Electorales del órgano deliberativo, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 3 de 3 contra la violencia de género.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Legislativo local, el congresista Diego Orlando Garrido López, fundamentó que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, la postura de Gaviño Ambriz, coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Libera, sostuvo que con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, deben cumplir esta norma.
El posicionamiento de Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, es que la reforma evita que los agresores ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género.
Con lo aprobado por el pleno congresista, se estableció la prohibición para el desempeño de cargos en el servicio público y para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para quienes cuenten con condenas o sanciones mediante resolución firme por delitos contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Para la coordinadora de la bancada del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, es de reconocer que se contribuye a la construcción de un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia.
Hizo notar que este avance es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Con la reforma se fortaleció el marco normativo a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género para asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político.
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