Martín Aguilar
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de México aprobó los acuerdos correspondientes a las bases del Programa General de Entrega-Recepción por Conclusión de la II Legislatura y el Programa Anual de Auditorías 2024.
Uno de los acuerdos es el relativo a los recursos financieros, presupuestales y materiales, así como de los bienes asignados a las comisiones, comités, grupos parlamentarios, diputados y Módulos Legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el documento se establece que para la entrega-recepción de los bienes y recursos, la Oficialía Mayor proveerá lo necesario para el resguardo temporal de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran en las instalaciones de las comisiones, grupos parlamentarios y oficinas de las y los diputados, y los módulos legislativos.
“A fin de facilitar y agilizar el proceso de Entrega-Recepción, todos los bienes muebles que no sean propiedad del Congreso de la Ciudad de México, deberán ser retirados de las instalaciones del Congreso, a más tardar el día 9 de agosto del presente año”, se señala.
Mientras tanto, los bienes del Congreso local serán entregados del 17 de junio al 19 de agosto del año en curso ante la Dirección General de Servicios.
A partir del 14 de junio queda prohibido efectuar movimientos físicos o traspasos de bienes muebles propiedad del Congreso local, cambiar su ubicación o sustraer de las instalaciones en que se encuentren ubicados, por lo que los actos de entrega y recepción tendrán como referencia los registros de inventarios formalizados a esa fecha.
Los congresistas que conforman la JUCOPO también aprobaron el Programa Anual de Auditoría 2024 para realizar auditorías y evaluaciones a las Unidades Administrativas de este órgano legislativo local, a fin de promover la eficiencia en sus operaciones, así como buenas prácticas administrativas y el uso adecuado de los recursos públicos.
Resulta que las cuatro auditorías a realizarse, dos financieras y dos administrativas, tienen como objetivo verificar que las actividades de las unidades administrativas se realicen bajo los principios de legalidad, imparcialidad, simplicidad, inmediatez, honestidad, veracidad y transparencia.
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