Rebeca Marín
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la nueva dependencia encargada de garantizar dos derechos humanos: la transparencia en el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Este cambio en el gobierno es un paso más hacia la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así lo propone la iniciativa que envió el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Se trata de una propuesta de reforma con sello propio y que además, da continuidad a algunas propuestas del exmandatario López Obrador, quien en su paquete de reformas constitucionales -enviadas en febrero- busca la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, la Cofece, el Coneval, entre otros.
Ahí en San Lázaro, donde se han aprobado ocho reformas constitucionales en sólo dos meses, comenzará el debate sobre el futuro del INAI (su inminente desaparición) y las modificaciones de la administración pública propuestas por Sheinbaum Pardo que contemplan cambios en la Secretaría de la Función Pública.
No hay sorpresa en los comisionados que actualmente conforman el pleno del INAI. Pero, por el momento, comentan que la iniciativa de reforma es muy general para dar garantía al cumplimiento de ambos derechos. También permanecen dudas que han persistido desde que López Obrador propuso la desaparición del Instituto de Transparencia.
“En la reforma se tendría qué definir ¿qué pasa con los otros sujetos obligados (que no son p0arte de la administración pública)?, porque esta Ley sólo resuelve sobre los temas relacionados con el Ejecutivo”, explicó la comisionada Julieta del Río a El Sol de México.
Otras cuestiones que plantea Del Río Venegas es quién controlará el acceso a la información en instituciones que no pertenecen a la administración pública centralizada, como universidades, sindicatos, partidos políticos, y hasta la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Poder Judicial de la Federación. Los recursos en trámite que actualmente tiene el INAI, los contratos laborales, qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, son algunas incógnitas más.
“Si bien la iniciativa en cuestión aborda los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en lo referente a las atribuciones de la nueva Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo hace de forma general sin entrar a detalle”, agregó por su parte Adrán Alcalá, comisionado presidente del INAI.
“Hay que tener presente que desde hace tiempo la aún Secretaría de la Función Pública ha tenido atribuciones en las materias de transparencia y acceso a la información y se ha coordinado con el INAI para orientar entre los sujetos obligados las acciones correspondientes”. agregó.
Desde el propio INAI y sectores sociales se ha advertido que la desaparición del instituto y la absorción de sus responsabilidades por la Secretaría de la Función Pública, abre la puerta a que el propio gobierno sea juez y parte en materia de transparencia y acceso a la información pública. Además, se precisa el descuido en la protección de datos personales que están en manos de sectores privados.
Según Raquel Buenrostro, actual secretaria de la Función Pública, para que el gobierno no sea juez y parte en el tema de la transparencia, se están trabajando iniciativas para involucrar a los tribunales administrativos. No obstante, “Eduado Bohorquez, de Transparencia Mexicana, lo dijo y lo dice bien: no se puede judicializar el acceso a la información”, contrastó Julieta del Río.
La reforma enviada por la Presidenta todavía no contempla el aspecto de los tribunales. Tampoco abroga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ni la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las cuales sustentan legalmente
Discussion about this post