Martí Aguilar
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejará en manos de juzgados y tribunales con sede en el estado de Jalisco, la resolución de más de 500 juicios de amparo interpuestos contra la reforma judicial.
Lo anterior al aprobar una propuesta de la Comisión de Nuevos Órganos del CJF a solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), ello durante una sesión realizada el pasado 8 de enero.
En el acuerdo, se establece que “el Pleno determinó procedente la solicitud de concentración” en aquellos casos en que en los juicios de amparo indirecto se reclame la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación del 15 de septiembre de 2024.
Los expedientes de todo el país “deberán enviarse a los Juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco; de igual manera, los recursos interpuestos que se encuentren pendientes de resolución, o bien, pendientes de remitir y los que posteriormente se interpongan en los juicios de amparo referidos en este documento, o algún otro promovido contra los mismos actos, se concentrarán en el Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito”.
El CJF estableció algunas reglas para la concentración de los más de 500 juicios de amparo promovidos por organizaciones sociales o de miembros del Poder Judicial, deberá realizarse “de manera directa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, dentro de un lapso de no mayor de diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente en que sea publicada la Circular”.
Asimismo establece que el procedimiento se llevará a cabo “en el entendido que los juzgados de Distrito concentrantes, al asumir la jurisdicción de los casos que le sean distribuidos con motivo de la concentración allanarán cualquier omisión en la integración procesal para evitar dilaciones innecesarias”.
En ese contexto se sumarán a esta concentración de expedientes los juicios de amparo presentados ante jueces de Michoacán y Jalisco, que dieron origen a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó suspender el proceso de evaluación para los candidatos que podrán competir por cargos de jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
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