En la Ciudad de México, el problema de la vivienda se ha convertido en una de las crisis sociales más apremiantes. Miles de familias de escasos recursos viven hacinadas en pequeños cuartos, comparten vivienda con varios núcleos familiares o destinan la mayor parte de su ingreso al pago de rentas cada vez más elevadas. Esta situación golpea severamente su ya desgastada economía y limita sus posibilidades de desarrollo, educación y bienestar.
Ante este panorama, el Movimiento Antorchista ha venido gestionando durante años la construcción de vivienda popular y apoyos para quienes no cuentan con un hogar propio. Como parte de estas acciones, antorchistas de distintas alcaldías acudieron a las oficinas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para exigir solución a diversas demandas relacionadas con vivienda.
La movilización tuvo como objetivo solicitar atención inmediata para cientos de familias que carecen de casa propia o enfrentan procesos derivados de desalojos y falta de certeza jurídica. Los manifestantes señalaron que la vivienda es un derecho constitucional y que no puede seguir retrasándose la atención a quienes más lo necesitan.
Tras la protesta, una comisión fue recibida por funcionarios del Instituto, con quienes se acordó establecer mesas de trabajo y reuniones específicas para dar seguimiento puntual a cada caso. Entre los temas a resolver se encuentran apoyos para el pago de rentas de familias que fueron desalojadas en 2020 del predio Tempiluli, en la alcaldía Tláhuac, así como la adquisición de terrenos para la construcción de vivienda destinada a familias de bajos ingresos.
El dirigente social Oliver Saavedra informó que se lograron acuerdos concretos y que ya comienzan a verse resultados de la gestión realizada. Asimismo, aseguró que el Movimiento Antorchista dará seguimiento puntual a cada compromiso hasta que se materialicen en soluciones definitivas.
Con estos avances, las familias organizadas señalaron que continuarán luchando de manera pacífica y organizada hasta garantizar el acceso a una vivienda digna, como lo establece la ley y como lo demanda la realidad social de la capital del país.
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