¡Impulsar la reconversión ecológica!

*Diputado Pablo Trejo exhorta fortalecer incentivos fiscales

La política pública ambiental de la ciudad de México debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. La construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.

Bajo este contexto, el diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) local a fortalecer la difusión de los incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.

Sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre. Sin embargo, advirtió: “la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida”.

Durante su intervención en la Tribuna del Recinto de Donceles recordó que el Código Fiscal de la Ciudad de México –en sus artículos 276 y 277– y la Ley Ambiental local contemplan reducciones tributarias sustanciales de entre el 10% y el 40% en conceptos fundamentales como el Impuesto sobre Nóminas, el Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua para quienes adopten ecotecnologías, reciclen residuos, optimicen el uso de agua y energía o reduzcan sus emisiones contaminantes.

El Diputado por el Distrito 15 de Iztacalco subrayó que enfrentamos una problemática crucial: “la dispersión normativa genera una brecha de información que frena el aprovechamiento real de estos incentivos”. Pues, “de nada sirve contar con incentivos avanzados en la ley o con el reciente Reglamento expedido por la Jefatura de Gobierno en mayo de 2026, si la ciudadanía y el sector empresarial desconocen los procedimientos para certificar sus procesos ante la SEDEMA”.

Aludió que proteger nuestro entorno es legar vida, bienestar y dignidad a las generaciones que recorrerán estas mismas calles mañana. “Nuestra responsabilidad con la tierra que pisamos es el compromiso más honesto que podemos asumir con nuestra gente y con el futuro de la gran Ciudad de México”.

El legislador puso como referencia a metrópolis globales de vanguardia como Friburgo, Copenhague, Singapur y Curitiba, donde estos estímulos constituyen una inversión pública estratégica de alto rendimiento que disminuye costos de salud, mitiga riesgos hidrometeorológicos y consolida la resiliencia urbana.

Luego, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, los cuales revelan que los costos por agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental equivalen al 4.1% del Producto Interno Bruto nacional –aproximadamente 1.38 billones de pesos–, mientras que el gasto público destinado a la protección ambiental representa apenas el 0.7% del PIB.

Explicó: “esta marcada asimetría evidencia que los recursos presupuestales del Estado resultan insuficientes por sí solos, por lo que resulta indispensable activar mecanismos de fomento que detonen e incentiven la coinversión estratégica del sector privado en ecotecnologías y procesos sustentables”.

Pablo Trejo enfatizó que la proposición con punto de acuerdo (la cual fue aprobada) exhorta a la SEDEMA de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, fortalezca la difusión de los incentivos fiscales a las personas físicas y morales que demuestren el cumplimiento de lo establecido en los programas de auditoría ambiental, autorregulación y certificación de edificaciones sustentables en su fase de operación.