Por Guillermo Pimentel Balderas
*Organizaciones civiles abren nuevamente el diálogo ante el Congreso
Organizaciones civiles piden aumento de impuestos al tabaco (IEPS) en el Paquete Económico 2027. Afirman que una política fiscal con perspectiva de salud y de juventudes no solamente recauda, también previene, protege y contribuye a construir condiciones más saludables con mayores oportunidades de desarrollo integral para las nuevas generaciones.
El Paquete Económico 2027 en México que debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre de 2026 (Ley de Ingresos en Diputados), el 31 de octubre de 2026 (en el Senado) y el 15 de noviembre de 2026 (Presupuesto de Egresos), no contempla un aumento significativo ni una reforma profunda a los gravámenes al tabaco, lo que ha generado reclamos por parte de asociaciones civiles.
Señalan que un incremento pequeño y gradual no permite aprovechar el potencial de los impuestos; y detallan que entre enero y julio de 2026, se recaudaron 32 mil 216 millones de pesos por impuestos al tabaco. Sin embargo, dicho aumento sólo representa menos de 1% con respecto a lo recaudado en el mismo periodo de 2025; no obstante que la Ley de Ingresos de la Federación 2026 planteaba un aumento en la recaudación de cerca de 14% en términos reales.
Por lo tanto, también solicitan ratificar el protocolo para la eliminación de comercio ilícito de productos de tabaco, proceso que inició en 2015 con un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Ejecutivo Federal a avanzar en ese proyecto. Recordaron que, en 2016, la entonces Comisión Nacional Contra las Adicciones coordinó trabajos con diversas dependencias federales, entre ellas la Cofepris, la Secretaría de Economía y el SAT para ratificar el protocolo; sin embargo, el procedimiento quedó congelado.
Ante ello, por la reciente presentación del Paquete Económico 2027 representantes de la sociedad civil reconocieron los avances en trazabilidad de productos de nicotina, pero advirtieron que la propuesta omite un aumento a las tasas impositivas capaz de generar un cambio real en salud pública.
Por ello, la sociedad civil abre nuevamente el diálogo ante el Congreso para urgir un incremento significativo a los impuestos del tabaco y la nicotina, una medida altamente efectiva tanto para reducir el consumo como para fortalecer las arcas públicas.
En conferencia de prensa virtual, Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx considera que México no puede conformarse con mantener prácticamente intacta la carga fiscal sobre los productos de tabaco mientras éstos se vuelven relativamente más asequibles para la población.
La Ley de Ingresos de la Federación 2027 representa una oportunidad para corregir esta tendencia: necesitamos impuestos específicos que aumenten por encima de la inflación y del crecimiento del ingreso, reduzcan efectivamente la asequibilidad y contribuyan, al mismo tiempo, a prevenir enfermedades y fortalecer el financiamiento de la salud.
“Reconocemos como un avance la incorporación de códigos de seguridad para los productos de nicotina, pero debemos ir más lejos. Un código de seguridad no sustituye un verdadero sistema de trazabilidad”.
Considera que, México necesita poder seguir los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su fabricación o importación hasta su comercialización, mediante un sistema bajo control de las autoridades y completamente independiente de la industria tabacalera.
“Para mejorar su alcance, México debe firmar y ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, concluye Antonio Ochoa.
Belén Sáenz de Miera, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Baja California Sur dijo “al no contemplar cambios a los impuestos al tabaco en el paquete económico para 2027, se pierde la oportunidad de fortalecer lo aprobado el año pasado y aprovechar plenamente el potencial de esta herramienta de salud pública”.
Asimismo, precisó: “La política fiscal del tabaco debe estar alineada con los objetivos de reducción de la epidemia e incorporar mejores prácticas en el diseño y la administración del impuesto, de manera que se fortalezca su efecto en salud pública y se proteja la recaudación”.
Al respecto Jorge A. Macías del SUR Institute, destacó que la legitimidad social para esta medida ya está ganada y el verdadero reto es cumplirle a la ciudadanía. En México, el 79% de la sociedad apoya los impuestos al tabaco para proteger la salud, e incluso el 64% de las personas que fuman están de acuerdo.
“Los ciudadanos priorizan que estos recursos se destinen a acciones sanitarias. El desafío político ya no es convencer al público, sino asegurar que el Estado cumpla su promesa”, afirmó y enfatizó que los impuestos saludables deben ser los protagonistas en la batalla contra las enfermedades no transmisibles, traduciendo la recaudación en políticas tangibles.
“México destina menos de la mitad de lo recomendado por la OMS a la salud pública, y las poblaciones sin seguridad social son las que cargan con el mayor costo médico por el tabaco y tienen menos acceso a atención gratuita”, explicó.
Por último, añadió que los impuestos al tabaco no deben ser solo un instrumento fiscal, sino una herramienta de equidad: “Debemos priorizar a quienes enfrentan las mayores barreras de acceso a la salud, asegurando que la recaudación se transforme en atención real para los más vulnerables”.
Por su parte, Fernanda Torres declaró: “Desde Servicios a la Juventud AC (SERAJ) reconocemos a la política fiscal como una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la salud, particularmente de niñas, niños, adolescentes y juventudes. Por eso es que hacemos un llamado a las personas legisladoras a no desaprovechar la oportunidad de incorporar medidas efectivas en el Paquete Económico 2027 dirigidas a aumentar impuestos a los productos de tabaco y nicotina que generan graves daños a la salud”.
Los exhortaron a no ignorar la evidencia que desde la sociedad civil han puesto a su disposición para fortalecer las políticas fiscales, desde SERAJ y la iniciativa Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx, que han señalado la importancia de que estos impuestos sean suficientemente altos para producir un efecto real en los patrones de consumo y que se actualicen de manera periódica para evitar que pierda efectividad frente a la inflación.
“Una política fiscal con perspectiva de salud y de juventudes no solamente recauda, también previene, protege y contribuye a construir condiciones más saludables con mayores oportunidades de desarrollo integral para las nuevas generaciones”, apuntó.
Por otra parte, en otro foro con el mismo tema, Yahaira Ochoa Ortiz, de la Red de Mujeres por la Salud (Remusa), ha señalado: “El consumo del alcohol agrava la violencia de género. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), el 20% de las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia de pareja reportaron que esta situación comenzó o empeoró cuando el agresor empezó a consumir alcohol con mayor regularidad. Hacemos un llamado urgente a implementar una política nacional y fiscal para el control del alcohol que incorpore la perspectiva de género y contemple regulaciones estrictas.”
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