CONCANACO SERVYTUR Respalda La Investigación De Los Contratos Electorales Y Pide Revisar 20 Años De Compras Públicas y Concesiones

Marco Antonoo Zavala

CONCANACO SERVYTUR México respalda la investigación presentada en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los contratos electorales de empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que esas empresas obtuvieron contratos por más de 2,000 millones de pesos con 23 organismos electorales estatales entre 2014 y 2023 y señaló indicios de que compañías vinculadas entre sí simularon competir. Corresponde a las autoridades determinar si hubo sobreprecios, conflictos de interés u otras irregularidades y, en su caso, establecer responsabilidades con apego al debido proceso.

A las cámaras de comercio y al G32 les indigna que un esquema bajo sospecha haya podido prolongarse durante años. La investigación debe esclarecer quién estableció los lineamientos de los contratos adjudicados a esas empresas, quién la siguió contratando, qué alertas existían y cómo respondió cada administración. La revisión debe abarcar al INE y a los organismos electorales estatales. Al fortalecer a Talleres Gráficos de México para producir material electoral, deberán establecerse mecanismos públicos para verificar costos, calidad y entregas.

Los negocios familiares conocen el costo de cumplir. Pagan nómina, renta, energía e impuestos y, cuando la autoridad fiscal revisa sus operaciones, deben demostrar que los bienes se entregaron o que los servicios se prestaron. Ese mismo rigor debe aplicarse a quienes autorizan y reciben contratos pagados con los impuestos de las y los mexicanos. Si se simula una licitación, se desplaza a proveedores que pueden ofrecer mejores condiciones. Si se acredita un sobreprecio, la diferencia la paga la ciudadanía.

«Queremos que en México el crecimiento se genere innovando, invirtiendo y creando empleos. El mérito empresarial se gana con trabajo y con clientes que te eligen. La ética empresarial es también un compromiso con los consumidores. Quien usa la influencia de un cargo para enriquecerse mediante contratos o concesiones públicas obtenidos por contubernio se sirve del pueblo al que tenía el deber de servir. Eso es abuso de la función pública. En nuestra Confederación hay negocios familiares con más de 150 años de historia que siguen adelante con su propio esfuerzo, sin apoyos ni contratos de gobierno, pero la corrupción nos afecta como ciudadanos», expresó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

¿Cuántos contratos y concesiones más pudieron otorgarse bajo esquemas similares? ¿Cuántas fortunas de ex funcionarios o funcionarios públicos se construyeron o crecieron mediante el uso indebido de relaciones, información o influencia adquiridas en el servicio público? Para responder, la Confederación pide revisar las compras públicas y las concesiones de los últimos 20 años en los ámbitos federal, estatal y municipal, incluidos los organismos autónomos. La revisión debe prestar especial atención a las empresas cuyos socios o beneficiarios finales sean o hayan sido servidores públicos y determinar si esa relación influyó indebidamente en alguna decisión.

La Confederación propone un registro público y consultable que identifique, conforme a la ley, a los socios y beneficiarios finales, sus vínculos con el servicio público, la autoridad que tomó la decisión y las condiciones de cada adjudicación. En las compras públicas, debe poder verificarse cómo se fijó el precio, cuánto se pagó y qué se entregó. En las concesiones, qué derecho se otorgó, por cuánto tiempo, qué recibió el Estado a cambio y cómo se justificaron las prórrogas o los cambios de titular. Los resultados de la revisión deben informar qué irregularidades se acreditaron, qué sanciones se impusieron y qué recursos se recuperaron.

“Es lamentable que quienes tuvieron acceso a información privilegiada y favores de funcionarios después se conviertan en grandes empresarios y proveedores del gobierno.

Como empresarios y como ciudadanos debemos preguntarnos: ¿dónde queda el piso parejo?, ¿dónde están la transparencia y las mismas oportunidades para todos?

No se trata de partidos ni de colores, se trata de legalidad, justicia y Estado de Derecho”, señaló Octavio de la Torre.

Combatir la corrupción es una prioridad de justicia económica. Los arreglos que facilitan el contrabando, la evasión fiscal y las compras públicas simuladas implican un quebranto de las finanzas públicas y ponen en desventaja a los negocios familiares que sostienen empleos y cumplen sus obligaciones. CONCANACO SERVYTUR trabajará con las autoridades para que esos negocios puedan competir en igualdad de condiciones y para que la ciudadanía pueda verificar qué recibió México a cambio de sus recursos y del uso de sus bienes públicos.