Verónica Lugo Fuentes junto con sus secuaces dicen ser de la Unión de Tepito.
«Le entras o te levantamos y directo al panteón», su amenaza
En medio de consignas y pancartas un grupo de más de 150 comerciantes informales realizaron hoy por la mañana un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que encabeza Ernestina Godoy para exigir se investigue a Verónica Concepción Lugo Fuentes quien desde hace tiempo busca por todos los medios extorsionarlos.
Frente a las instalaciones de la FGJCDMX en la calle de Gabriel Hernández de la colonia Doctores, los trabajadores no asalariados acusan a Lugo Fuentes de exigirles cantidades de 5 a 10 mil pesos para ocupar los espacios que abarcan la zona comprendida de Rosas Moreno a Insurgentes en San Cosme y 300 pesos semanales por puesto.
Detallo una de las afectadas, Michelle Gómez, «Verónica no pertenece a ninguna organización, se hace acompañar de dos sujetos armados para amedrentarnos, además presume tener el apoyo de la Unión Tepito».
Apuntó, «está situación afecta alrededor de 500 comerciantes quienes ven con impotencia cómo sus ingresos se ven afectados, y las autoridades ni por enteradas o bien conocen el caso pero no quieren actuar, por lo que hoy venimos a interponer una denuncia en contra de esta mujer y secuaces, por eso acudimos a la fiscal Ernestina Godoy Ramos para que nos dé pronta solución a esta denuncia que hoy estamos presentando».
Los denunciantes aseguran «apenas ganamos para medio vivir y todavía quieren que le entremos, tenemos puestos de venta de zapatos, ropa interior, calcetines, comida, playeras, y corte de cabello entre otros.
Finalmente, señalaron los quejosos «señora Fiscal, Ernestina Godoy cierto que somos pobres y que no tenemos como gratificarlos, más que con una bendición entonces échele ganas , ponga su gente a trabajar pues no se le olvide que usted es la persona encargada de la seguridad de millones de capitalinos, ejerza el estado de derecho en la capital».
Fue así como una comisión de cinco representantes fue canalizada por el área de derechos humanos de la FGJ a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central dónde el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente por la presunta comisión de Delitos como extorsión, amenazas y uso de armas exclusivas del ejército y lo que resulte.
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