AMLO promete investigar a empresas del titular de la Profeco y de sus delegados

Rebeca Marín 

Luego de darse a conocer que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, tiene empresas con dos de los delegados de la dependencia que operan en Veracruz y Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó al respecto en su conferencia de prensa mañanera. 

«No tengo información, pero vamos a hacer la investigación. ¿Hablas de Ricardo Sheffield? Vamos a informar aquí», sentenció el presidente. 

En la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieron a conocer que el titular de la Profeco tiene un par de empresas, una de turismo y otra inmobiliaria, en las que es socio con dos de los que fueran delegados de la dependencia federal en Veracruz y Guanajuato, quienes también ascendieron en sus puestos. 

Con la empresa de turismo, denominada Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A. de C.V, Ricardo Sheffield es socio de Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, quien fuera titular de la dependencia en Veracruz y fue ascendido a director de área de la misma dependencia en la Zona Golfo Centro. 

Con esa empresa, Ricardo Sheffield está por estrenar un hotel en Tlacotalpan, en el que su esposa también es accionista, el cual cuenta con 12 habitaciones, dos albercas, bar y jardín. Las suites cuentan con tina de hidromasaje y terraza. 

Con el delegado de la Profeco en Guanajuato, Armando Guzmán García, Ricardo Sheffield montó una empresa inmobiliaria que anteriormente era un despacho de asesoría jurídica. Además, Sheffield creó otra empresa en 2021, con giro inmobiliario con el nombre Lyric Inmobiliaria, S.A. de C.V. 

Cuando llegó a la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la  Ley Federal de Austeridad Republicana en la que estipula que los servidores públicos deben separarse de intereses económicos personales que afecten sus funciones públicas. 

«Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas», se lee.