Martín Aguilar
El titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración capitalina, Ricardo Ruiz Suárez, aseguró que se llevan a cabo reuniones periódicas con todas las alcaldías para reforzar diversas acciones, con una atención al problema migratorio que se acentúa en algunas, al tiempo que refirió que la disminución del presupuesto de la dependencia a su cargo se debió al hecho de que ya no está a cargo de los reclusorios, al ya formar parte éstos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Al comparecer ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que afuera se dieron una serie de complicaciones para ingresar debido a las movilizaciones que encabezaron feministas, principalmente, el funcionario se comprometió a reforzar la comunicación con el Poder Legislativo local y con cada una de las nueve fracciones y asociaciones que la conforman.
En torno a la migración, planteó un trabajo interinstitucional entre el gobierno federal y local para dar soluciones con perspectiva de derechos humanos, e insistió en el establecimiento de reuniones calendarizadas con todas y todos los coordinadores parlamentarios para atender los temas de cada agrupación.
Hizo notar que la labor realizada por sus antecesores, tal es el caso del actual jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama y por él mismo como titular de la secretaría desde el pasado 26 de junio, se ha hecho “con dedicación, entrega, vocación y honradez plena”.
Con su presencia en el salón de plenos del recinto de Donceles y Allende, como un acto de transparencia y rendición de cuentas, arrancó la denominada glosa del V Informe de Gobierno.
Ruiz Suárez presentó el balance del trabajo realizado desde esta instancia durante los últimos cinco años, con énfasis en el trabajo realizado en los últimos 100 días.
En su mensaje ante los congresistas, expuso que, aunque lleva poco tiempo como titular de la dependencia, se hace plenamente corresponsable e identifica con las acciones realizadas y los principios que sustentan el proyecto impulsado.
Asimismo, el funcionario aludió la labor realizada en materia de gobernabilidad, búsqueda de personas, atención a manifestaciones y protestas, derechos humanos y trata de personas, entre otros rubros.
Ricardo Ruiz Suárez centró su informe en los rubros de gobernabilidad democrática, coordinación con alcaldías, actuación con instancias federales y locales, reordenamiento del espacio público, acciones de mejoramiento urbano y participación en el Centro Histórico, coordinación metropolitana, reinserción social y coordinación institucional.
“En una metrópoli plural y diversa como la Ciudad de México, la conducción de la gobernabilidad se basa en la rendición de cuentas y en mantener los canales de comunicación con los poderes locales, con el gobierno federal, con las alcaldías, organismos autónomos, estados, actores políticos, organizaciones políticas y sociales, sobre todo, con las y los habitantes de esta gran urbe”, declaró el colaborador de Martí Batres.
Foto Cortesía
Luego de escuchar los posicionamientos de los representantes populares, el secretario de Gobierno, detalló la importancia de plantear puntos de vista diferentes, que se reflejan en diversas preguntas, y se comprometió a dar respuesta a todas las intervenciones presentadas.
Por lo que hace a las movilizaciones y protestas recalcó que existen protocolos específicos, avalados por la Comisión de Derechos Humanos, para las distintas manifestaciones en las que se busca evitar agresiones a personas, bienes privados y públicos.
Mencionó que la construcción de acuerdos y consensos, a través de la concertación, ha permitido llevar a cabo un ejercicio eficaz y eficiente del servicio público, para atender las demandas de la ciudadanía, garantizar el cumplimiento de las responsabilidades institucionales y proteger los derechos de la ciudadanía.
En la sesión de su comparecencia ante el pleno que fue conducida por la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local, Gabriela Salido Magos, insistió que la SECGOB mantiene una relación institucional con las y los integrantes del Congreso, que ha permitido plasmar en la Constitución local los programas sociales que se implementan desde el inicio del actual gobierno y los ha elevado a derechos constitucionales, para afianzar una política de bienestar en la capital.
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