Martín Aguilar
El dictamen a la iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la función judicial, propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, fue aprobado por el pleno del Congreso capitalino.
Bajo el principio de objetividad, las personas juzgadoras podrán definir los elementos que no son esenciales en el procedimiento y emitir criterios que disminuyan dilaciones en las actuaciones jurisdiccionales.
Quedó asentado que con la adición de un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución local, «se garantiza el acceso a la justicia social, priorizando a grupos y personas en desventaja social”.
Resulta que en el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México, se precisa en su redacción final: “aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
En la fundamentación del dictamen, a nombre de las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, el presidente de la primera, el diputado panista Diego Orlando Garrido López, aseguró que se logró una redacción “que no diera cabida a ambigüedades y que propiciará que los juzgadores siguieran contando con un criterio objetivo enmarcado en los principios de legalidad y certeza jurídica para todas sus actuaciones”.
Con 57 votos a favor, se logró dar paso a una reforma de grandes alcances y repercusiones en la administración y procuración de justicia, en la forma en que se emiten sentencias por parte de los magistrados, jueces y tribunales de la capital.
Garrido López agradeció a los diferentes entes públicos y personas legisladoras que enviaron opiniones, contribuyeron al análisis de los textos y permitieron fortalecer la redacción de la propuesta del jefe de gobierno.
Estimó que desde la oposición las propuestas fueron siempre constructivas y propositivas, para que esta propuesta se nutriera desde un punto de vista objetivo y estrictamente jurídico.
Dijo que se buscó tomar en consideración y garantizar el debido proceso para la pluralidad, “con un énfasis de cuidado especial en aquellos actores sociales más desprotegidos”.
Expresó que la reforma tiene muy buenas intenciones, y para que no quede “como una simple carta de derechos o de buenas intenciones”, se deberán promover reformas que abatan el rezago en la procuración de justicia.
Recomendó que las autoridades cuenten con los recursos humanos, materiales y económicos para proporcionar una tutela efectiva y que estos principios constitucionales no queden como letra muerta.
El congresista de Morena Alberto Martínez Urincho, al razonar su voto, aludió que estos principios sirven como directriz para asegurar la impartición de justicia a cargo de las y los jueces en la resolución de casos complejos; y que priorizar la atención de grupos y personas en condición de vulnerabilidad abonará a alcanzar la justicia restaurativa y la adecuada aplicación de las normas jurídicas.
Mientras tanto, la vicecoordinadora del PRD en el recinto de Donceles y Allende, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, delineó que “la justicia social debe estar por encima de cualquier formalidad o procedimiento”.
Abundó que debe basarse en lo que es verdaderamente justo, además debe favorecer los derechos humanos, en especial de quienes se encuentran en situación de pobreza, exclusión, marginación, discriminación o desigualdad.
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