Marco Antonio Zavala
La seguridad privada en México se ha consolidado como un actor estratégico para atender los retos que la seguridad nacional no logra cubrir por completo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana[1] , en junio de 2025, 63.2 % de la población de 18 años y más, residente en 91 zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento respecto a marzo (61.9%) y junio de 2024 (59.4%).
De acuerdo con el Gobierno de México[2] , actualmente, se estima que en el país operan más de 866 mil elementos de seguridad privada, una cifra que triplica el número de efectivos de la Guardia Nacional, según datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada. No obstante, cerca del 30% trabaja en condiciones irregulares o sin registro oficial, lo que genera riesgos tanto para las empresas como para los trabajadores.
En este contexto, ELIM Seguridad Privada Intramuros destaca la importancia de cerrar brechas mediante esquemas profesionales, legales y certificados. La participación del sector debe alinearse con estándares de capacitación, protocolos de actuación y cumplimiento normativo que fortalezcan la confianza ciudadana y empresarial.
“La seguridad privada no puede ser vista como un sustituto de la seguridad pública, sino como su complemento. Requiere regulación estricta, profesionalización y un compromiso real con la prevención. El reto es homologar estándares y garantizar que la legalidad sea la base para brindar estabilidad”, señaló ELIM Seguridad Privada Intramuros.
De acuerdo con reportes del SESNSP, los delitos patrimoniales siguen entre los más denunciados del país. Aunque aún no se han publicado los porcentajes nacionales actualizados, esta situación refuerza la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para priorizar la detección de riesgos, la prevención y la acción legal como pilares de la protección ciudadana y empresarial.
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