Camimex exige certidumbre jurídica ante la Reforma Eléctrica

Rebeca Marín

La aprobación sin modificaciones de la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico presentada por el gobierno federal afectaría gravemente no sólo a la industria minera, sino a las y los mexicanos.

Karen Flores, directora de la Cámara Minera de México (Camimex), destacó que de entrada la exploración del sector minero ha caído más del 60% en México. Por lo que enfatizó la necesidad de dar mayor certidumbre jurídica frente a la iniciativa de reforma eléctrica.

“La Camimex hace un llamado al Poder Legislativo para que se realice un parlamento abierto, que verdaderamente escuche a todas las voces expertas y en el cual se reflexione de manera objetiva sobre todos los efectos de esta iniciativa para el presente y futuro de México, de los niños y jóvenes. La Cámara está a favor de un sector eléctrico sólido”, exhortó Karen Flores.

Se expuso que la aprobación de esta iniciativa presentada por el gobierno federal tiene graves implicaciones ambientales, económicas y sociales que afectarán el bienestar de la población y un tanto más a la actividad económica de sectores clave para la recuperación de la economía.

Dijo que esta reforma provoca incertidumbre para las empresas que invierten en el país. Señala que la restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como “esencial para la transición energética”, es un factor de incertidumbre para los inversionistas que pretendan desarrollar proyectos mineros en el país.

Ello impacta negativamente a los sectores que contribuyen de manera significativa a la reactivación económica necesaria para México. De acuerdo al Artículo 27 Constitucional señalan que los minerales son propiedad de la Nación, por tal motivo, debe suprimirse de la Reforma el considerar otros minerales como esenciales para la transición, esto genera incertidumbre y pone en riesgo a las operaciones mineras existentes, el abasto de minerales para otras cadenas de valor, así como su consecuente derrama económica, generación de bienestar en más de 690 comunidades del país y los más de 2.3 millones de empleos y familias que dependen ya sea directa e indirectamente de esta actividad.

Las disposiciones jurídicas no pueden ser retroactivas. “La propuesta de Reforma viola el principio de irretroactividad. Esta reforma en el sector eléctrico puede ser un obstáculo para que la industria mexicana sea sostenible. De tal manera que la cancelación de los permisos eléctricos impediría que las operaciones mineras puedan tener acceso a fuentes limpias”.

Actualmente, un 34 por ciento del consumo total de energía de las empresas mineras afiliadas a esta Cámara que operan bajo altos compromisos y estándares de protección al medio ambiente, proviene de fuentes limpias como la eólica o solar.

De acuerdo al documento, esta reforma obligaría a los sectores productivos de México a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Adicionalmente, la Reforma restaría a México competitividad en el mercado internacional. Expuso que se crearía un monopolio en el suministro de energía eléctrica que puede encarecer el uso tanto para las familias, como para las industrias.