Rebeca Marín
Cancelar la importación del maíz amarillo que viene de Estados Unidos afectará los precios de la leche, huevo, pan, tortillas, harinas, carne de pollo, cerdo, res, embutidos, mantequilla, entre muchos otros más, alertó el investigador agrícola, Carlos Salazar Arriaga.
Esa medida, tendrán un impacto negativo en las 60 cadenas valor que dependen del maíz amarillo que viene del vecino país del norte, el cual se dejará de importar, por el decreto de diciembre de 2020, y afectará la producción nacional de derivados alimenticios, balanceados y sector pecuario donde se elaboran más 2000 derivados del maíz amarillo.
El expresidente de la Unión Nacional de Productores de Maíz de la Central Campesina Cardenista, aseguró que se estima que los impactos de esta política serán inflacionarios, de escasez y de incremento de las importaciones, no sólo de productos básicos, sino de productos alimenticios semielaborados y terminados, que se dejarán de producir en México.
Consideró que la política agrícola de México implementada por el actual Gobierno Federal, está vetada para pequeños y medianos productores y sus organizaciones que generan excedentes de alimentos para compartir en el mercado y brindar seguridad alimentaria.
En su opinión, el divorcio del interés en este tema tan estratégico y de seguridad nacional de ambos actores (Gobierno y sector productivo) es evidente, a ello se suma, insistió, la cadena de valor de productos que dependen del maíz amarrillo importado.
Esto se verá reflejado, añadió, en el aumento de precios de los productos que del grano importado se elaboran, sobre todo los de la canasta de alimentos de la familia mexicana, como los antes citados, además, de sazonadores, aceite, manteca y un sinfín de productos de consumo popular, en las mesas mexicanas.
El experto resaltó que esta política pública actual en el sector agropecuario y rural, está orientada por un grupo radical con evidente carga ideológica en una franca confrontación contra quienes generan rentabilidad e invierten en una actividad de excesivos riesgos.
Salazar Arriaga resaltó que esta política influenciada por funcionarios públicos que sin recato y con evidentes conflictos de interés, diseñan «seudo políticas» con orientación de «lucha de clases», asumiendo actitudes como militantes de organizaciones «ambientalistas fanáticas» que dejan de lado el fin de la función pública de diseñar políticas para el bien público, no el interés particular.
Se alejan de criterios de objetividad como el beneficio costo social y económico de estas políticas públicas, su impacto en los parámetros que miden la seguridad alimentaria, el desarrollo social y el combate a la pobreza, la diseñan e influyen con actitudes de cortesanos ante un Ejecutivo cargado de egocentrismo y confrontación, pero ignorante de los impactos que tendrá sus acciones de política pública en el sector para los mexicanos, principalmente en lo concerniente al combate a la pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo rural y agropecuario.
Sobre el tema, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab), advirtió que dejar de importar dicho insumo podría derivar en una escasez alimentaria, ya que casi 70% de la demanda de esta industria se cubre a través del comercio internacional.
En noviembre pasado, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo que las intenciones del Gobierno Federal de prohibir la importación de maíz amarillo Genéticamente Modificado (GMO), supondría una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el cual las dependencias y entidades deben eliminar gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de agroquímicos.
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