Martín Aguilar
La audiencia donde se imputaría a 10 funcionarios del Metro se difirió para el próximo 3 de diciembre, esto luego de que la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México no entregó las copias de la carpeta de investigación a la defensa de las víctimas, informó el abogado Cristopher Estupiñan.
En la comparecencia que duró aproximadamente siete horas, no se logró formular la imputación contra ninguno de los diez ex servidores públicos; además, el litigante acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pretende pactar un acuerdo “tras bambalinas” con la empresa Carso.
De los diez acusados, el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el ex director de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, fueron los únicos que no asistieron. El primero alegó un posible caso de covid-19, mientras que el segundo se justificó en que no fue notificado de la comparecencia.
Al salir de la sala 7 de los juzgados orales, Cristopher Estupiñán, abogado de las víctimas, del desplome en la línea, dijo a Milenio Televisión que fue una audiencia de «mero trámite» y acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de actuar de «forma desleal».
«Fue una audiencia de mero trámite, hubo muchos problemas al momento de la designación de los asesores jurídicos.
“Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación hubo un problema toda vez que la fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta de investigación. No hubo más avance, solamente resaltar la actitud y forma de proceder desleal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, como insisto, ya estuvo en contacto con empresa Carso, está buscando resolver este problema tras bambalinas sin llamarnos a nosotros.
“Horcasitas faltó bajo un argumento de posible covid, nosotros por supuesto que nos opusimos a que se tuviera por justificada su falta, el juez concedió esa posición toda vez que se pudo haber realizado una prueba, les dio tres días para presentar la prueba; el otro imputado, Moisés, faltó porque no se le realizó la notificación, el domicilio que señaló la Fiscalía no era el correcto, hay constancia de ello y entonces se le dio a la Fiscalía 10 días en efecto para que nos proporcione las copias y la siguiente audiencia viene el 3 de diciembre”, explicó.
Dijo que en la audiencia se tocó el tema de un acuerdo firmado para la reparación del daño entre Carso y el gobierno de la Ciudad de México y que en la comparecencia se manifestó una queja general, ya que los detalles de este no están asentados en la carpeta de investigación. Añadió que el próximo 3 de diciembre no habrá excusa para no formular las imputaciones y medidas cautelares correspondientes.
“Otro de los puntos que salió en la audiencia es que Carso firmó un acuerdo reparatorio con la Ciudad de México, acuerdo reparatorio por el que hubo una queja general porque en la carpeta no obran tampoco los términos de este acuerdo reparatorio y tampoco se ha instado ninguna de las víctimas esta invitación a mecanismos alternativos para solucionar esto controversia ¿Por qué no se nos ha instado? porque la comisión busca captar las mayores familias posibles, hacer un lado el asesorías jurídicas”
Las demás personas que comparecieron ante el juez son: Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la Construcción de la Línea 12 del Metro.
Fernando Ramiro Lalana, ex director de coordinación de supervisión de obra, ex encargado de realizar la supervisión y autorización de planos y proyectos; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural, y Fernando Amezcua Ordaz, ex director general de Supervisión de Obra, quien era representante legal de LYTSA, IACSA y EINSA.
Así como Juan Carlos Ramos Alvarado, ex residente de obra en el tramo Olivos-Tezonco; Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles del Proyecto, y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de estructuras o ingeniería.
El 14 de octubre, la fiscal general capitalina, Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados del peritaje elaborado por su dependencia, el cual concluyó que el desplome del tramo elevado en la alcaldía Tláhuac se debió a errores en su diseño y construcción.
Anunció el inicio de los procesos judiciales contra personas físicas, “tanto particulares como ex servidores públicos”, y contra las empresas que participaron en la construcción; además, advirtió que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para formular más imputaciones contra quienes tuvieron bajo su responsabilidad la edificación de la Línea Dorada.