Rebeca Marín
La justicia electrónica debe ser una obligación para el Estado Mexicano, toda vez que a raíz de la pandemia, la sociedad pasó de una vida física a una digital, coincidieron especialistas, servidores públicos y diputados locales, quienes establecieron que la transición en ese sentido se ha dado de manera natural.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, José Octavio Rivero Villaseñor, afirmó que la emergencia sanitaria que aún se vive, visibilizó la necesidad de adaptar la impartición de justicia a procesos en que se utilicen las tecnologías de la información y que traigan beneficios de ahorro, austeridad, disminución de la corrupción y, sobre todo, agilización de trámites en beneficio de los capitalinos.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, sostuvo, en el foro “Justicia Electrónica en la Ciudad de México”, que a partir de la pandemia por el Covid-19 se intensificó el tránsito de la vida física a la digital, por lo que el derecho necesariamente tiene que ir hacia los entornos digitales.
Aludió que los resultados que surjan del ejercicio de intercambio de ideas y posturas, servirán de base para llevar a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de impulsar la justicia electrónica.
Comentó que los avances tecnológicos han reportado beneficios en todos los ámbitos, incluido el de la justicia, con una reforma al sistema penal que ha permitido agilizar, simplificar y transparentar procesos.
A su vez, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, aseveró que antes del Covid-19 el sistema de impartición de justicia comenzó con un proceso de cambio, mediante el diseño de diversas herramientas y plataformas electrónicas, que contribuyen a socializar su aprovechamiento, beneficios y ventajas para el trabajo jurisdiccional.
Mientras, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, Jesús Anlén Alemán, aseguró que el “juicio en línea permite la optimización de procesos para perfeccionar el acceso de nuestros servicios a la ciudadanía, con la finalidad de que la interacción entre los sujetos procesales y los juzgadores sea más eficiente”.
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Arístides Rodrigo Guerrero García, se refirió a la necesidad de reformar diversas legislaciones mexicanas, porque en la actualidad es notable la importancia que tiene el uso de la tecnología y, por ende, la protección de los datos personales.
Destacó que antes de la pandemia, el mundo ya se preparaba para la transición a lo digital. En el 2016, países como Francia, dijo, lanzó su Ley de la República Francesa; España creó su ley 3/2018, en donde incorpora la importancia de las tecnologías de la información y en la Constitución de Chile se contemplan los neuroderechos.
Coincidió en que la transición a lo digital se ha dado de manera natural, porque de los tres mil 711 recursos de revisión que se han presentado durante su gestión, tres mil 594 se hicieron de manera electrónica y únicamente 117 en físico.
Expuso que la tecnología hace más sencillo el trabajo y a nivel nacional, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aumenta cada vez el número de solicitudes de información.
Por lo que hace al ámbito judicial, Guerrero García destacó que, por decisión de los congresos federal y local, las sentencias judiciales deben ser publicadas en los portales electrónicos de los tribunales, con el objetivo de potenciar el principio de máxima publicidad.
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