Rebeca Marín
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) destituyó a 11 funcionarios por su presunta participación en actos de corrupción, pues se presume entregaban información confidencial a la ex directora ejecutiva de Evidencia de Riesgos de la dependencia que ahora trabaja en una empresa gestora de trámites de asuntos relacionados con la salud.
En un comunicado de prensa, la dependencia detalló que los funcionarios cesados eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), en sustancias y productos como plaguicidas y estaban coludidos con el sector regulado, pues se encontró evidencia de que participaron en la destrucción de discos duros, filtración de proyectos de modificación a normas, e intercambio de correos electrónicos donde reportaban de manera periódica a la ex funcionaria antes citada sobre acciones operativas e información relacionada a autorizaciones de Cofepris.
La actuación de los funcionarios ameritó que la Cofepris presentará las denuncias pertinentes ante su Órgano Interno de Control para las investigaciones correspondientes por presuntas responsabilidades administrativas, y será éste el que determine la acción penal correspondiente con base en evidencias recabadas por la dependencia, en colaboración con la Secretaría de Marina.
La Cofepris destacó que la destitución es el resultado de los trabajos del Centro de Inteligencia que empezó a operar el 3 de agosto de 2022 y tiene como objetivo desmantelar los mecanismos de corrupción en la dependencia que datan desde hace 20 años.
«Como parte de las acciones que ejecuta están la investigación y denuncia de antiguas prácticas en donde predominan intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en procesos, y la operación de gestores o coyotes, quienes impactaban en el ingreso, la asignación y la evaluación de trámites», informó Cofepris.
La dependencia agregó que implementan nuevas acciones para inhibir los actos de corrupción como la comunicación directa con la industria y sectores productivos, a través de la Nueva Estrategia de Vinculación con la Industria Regulada y la Estrategia Nacional de Buen Gobierno, esta última, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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