Gilberto Solís Flores
La vida sigue igual, como dice la canción tan conocida, Y tal como el cuento de nunca acabar, Sigue la corrupción en todo su apogeo, que se impuso desde el sexenio anterior y se incrementa en el actual iniciado hace 100 días, y hasta en el sector salud, este mal social, muy lejos de eliminarse, pone en grave riesgo mortal muchas vidas.
Clara muestra de insistente corruptela, se percibe en la total complicidad entre funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la actual administración del Sanatorio Trinidad, como se ha descubierto por ciertas revelaciones de quien tomó el control en el área médica, donde se confirma que el hospital sigue operando ilegalmente, incluso después de ser desalojado por incumplimiento de las normas sanitarias tan flagrantemente.
A través de reciente comunicado oficial de prensa, se informó asimismo que, En reciente reunión, el subdirector médico del Sanatorio Trinidad, Jesús Torán Sierra fue muy claro al revelar que el pasado 16 de enero desalojaron el nosocomio porque tuvo un aviso previo de la Cofepris. “Como se los digo a ustedes. Yo me enteré como a las 4 de la tarde cuando me hablaron y me advirtieron, gracias a una persona, contacto que tengo en Cofepris. que nos avisó textualmente, “señores, desocupen el sanatorio porque les van a caer y si los ven que están trabajando les van a cerrar”.
En tanto, la versión especial de Patricia Pancardo, familiar de un paciente desalojado, quien fue entrevistada mediante un video la noche del 16 de enero, señaló que el movimiento dentro del hospital se debía a una visita programada de la Cofepris para el día siguiente. “Si Cofepris checa que tienen pacientes, les clausuran. Si ustedes pueden observar, están sacando equipo médico, están sacando todo lo del hospital”, denunció.
Obvio que ese viernes 17 de enero no encontraron movimiento porque trasladaron a los pacientes a varios hospitales, pero a la mayoría de los 32 internados ese día a uno en particular, el hospital San Luis, donde hasta el día de hoy tienen un acuerdo de subrogación de servicios donde rentan los quirófanos y las habitaciones para los pacientes que aún llegan a solicitar servicio del Trinidad.
“El viernes 17 de enero, llegó un funcionario de la Cofepris y así como entró, salió. Solo revisaron que los sellos no estuvieran rotos”, declaró un trabajador del hospital que no quiso dar su nombre por el temor de perder el empleo que aún tiene.
A pesar de las pruebas públicas sobre los presuntos delitos cometidos en el nosocomio—incluyendo cirugías realizadas en quirófanos clausurados desde el 27 de octubre de 2023 y la suspensión oficial de servicios desde el 18 de septiembre de 2024, el Sanatorio Trinidad continúa operando en otro centro hospitalario con casi el mismo personal, porque desde el 16 de enero ya han dado de baja a al menos 17 personas.
Trabajadores del Trinidad han entregado evidencias que muestran cómo médicos y compañías aseguradoras siguen llevando pacientes a los que cubren gastos médicos mayores a un lugar que legalmente no debería estar en funcionamiento.
Este personal ha manifestado que en un contubernio entre la administración del Trinidad y Cofepris, ambas, tanto la institución particular como funcionarios del organismo gubernamental están ganando tiempo para que el personal calificado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dé autorización a una solicitud de construcción con el fin de adecuar los quirófanos, y con ello, después de la remodelación completa al área, quitar los sellos de clausura y suspensión para dejar todo como si nada hubiera pasado, pasando por sobre los derechos de pacientes que incluso murieron tras ser operados en quirófanos clausurados.
Sin embargo, que el Trinidad vuelva a funcionar legalmente no es tan fácil como sus actuales administradores lo consideran. Deben resolver una serie de instrumentos legales que van desde la autorización de construcción, reubicación de sellos para permitir la construcción, el cumplimiento de al menos cuatro licencias que están en vilo y otros.
Al hacer el convenio temporal de subrogación de servicios con el Hospital San Luis, de acuerdo con información en nuestro poder, se le pidió a este nosocomio que no surtiera los medicamentos ni los materiales, ya que el Trinidad llegaría con todos sus insumos, incluyendo sus trabajadores, a los que hacen trasladarse hasta allá sin ninguna seguridad laboral. Sin embargo, esa es otra de las irregularidades cometidas con la complacencia de Cofepris, porque la farmacia carece de responsable sanitario desde agosto de 2024 que se desapareció del establecimiento el doctor Julián Guinea, es decir, que no existe quien responda a la compra y venta de psicotrópicos para las cirugías, por lo que están incurriendo en otra ilegalidad.
Además, las irregularidades y maltrato a las enfermeras y demás personal se ha n acentuado, porque Adriana Beltrán Mallén, administradora del Trinidad, al desconocer el movimiento hospitalario junto con el equipo nuevo que está a su servicio, ha dejado de abastecer medicamentos y materiales de forma oportuna a los pacientes que están en el San Luis, poniendo en riesgo su vida y la tranquilidad de las enfermeras y enfermeros quienes temen que los pacientes a su cargo se pongan graves.
Hay desabasto de medicamentos básicos y cada vez que se recetan, tienen que salir a comprarlos, con lo que se genera el problema de que a los pacientes no les den medicinas oportunas; existe un desfase de hasta cinco horas. Este entramado de corrupción no solo viola la ley, sino que ha costado vidas. Existen reportes de pacientes que murieron tras ser operados en quirófanos clausurados, lo que hace aún más urgente la intervención de las autoridades para evitar que esta red de impunidad siga funcionando.
La pregunta inmediata es: ¿Por qué Cofepris, en lugar de aplicar la ley, advierte a los infractores? ¿Cuántas vidas más se pondrán en riesgo antes de que se actúe con firmeza? Las pruebas están sobre la mesa. Ahora, la responsabilidad recae en las autoridades para acabar con esta red de corrupción que atenta contra la salud y la vida de los pacientes en México.
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