Él dice que no fue, que lo editaron, pero lo cierto es que lo que habría dicho Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sobre los periodistas es lo que ciertamente pensó y practicó su partido durante décadas: «no hay que matarlos a balazos sino de hambre». Así la prepotencia y la desfachatez.
Cuando el presidente López Obrador dice que los medios conservadores, críticos de su gobierno, quieren regresar a los viejos tiempos de la relación prensa-Estado, donde todo se arreglaba con dinero, peca de simplista.
No dudo que haya medios que extrañen el financiamiento público, muchas veces desproporcionado para la influencia real que tienen en la sociedad, pero tampoco nadie ha dicho que se vivía en la gloria y que se extrañe la extorsión de Estado institucionalizada que representaba depender del erario y soportar presiones indebidas de funcionarios de las áreas de Comunicación Social del gobierno federal en turno.
No hay duda que la guerra de AMLO contra todos los medios será un parteaguas en la relación de éstos con el Estado mexicano, y que es la oportunidad de re encauzar una relación podrida desde hace mucho tiempo.
No puede ser López Obrador quien encabece tal reforma. Sus prejuicios sobre la prensa son absolutos. Sí, en cambio, quien pretenda sucederlo. Porque ya no hay condiciones para que se vuelva a abrir indiscriminadamente la llave del dinero oficial, pero sí para replantear los términos del acuerdo institucional, donde los medios cumplan con su labor informativa de manera libre, ejerciendo su labor con criterios éticos y no comerciales; y a su ve el gobierno invierta en medios con criterios realistas, buscando que su dinero rinda en campañas que lleguen a su público objetivo.
Una forma de iniciar un replanteamiento de todo sería reformando la la Ley de Comunicación Social que está en la Cámara de Diputados, que trae todas las taras del peñanietismo, pero que la actual administración parece no querer que cambien, de tal manera que la asignación del presupuesto oficial de comunicación no se haga de manera discrecional, sino con criterios objetivos, claros y transparentes.
Ya van dos veces que la Cámara de Diputados ignora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les ordenó reformar o derogar esa Ley que privilegia la opacidad y otorga a los gobernantes la posibilidad de sólo beneficiar a sus amigos. La 4T parece estar cómoda con ese esquema discrecional y poco profesional.
Los medios, a su vez, tenemos la enorme labor de replantear nuestra labor, a partir de la crisis de medios impresos en el mundo, con el cambio de audiencias y la migración hacia nuevos modelos informativos, donde la reputación de los medios sea la que les otorgue credibilidad para seguir siendo consumidos en medio de tanto ruido informativo de los nuevos formatos y las fake news.
Hay también un inevitable relevo generacional en la conducción de medios, donde los viejos barones de la prensa se van, llevándose consigo sus viejas visiones de negocio y de hacer política, que les fueron útiles hace 30 o 40 años, pero ya no sirven en el mundo moderno, pese a cavernícolas como el priísta «Alito» Moreno, que siguen pensando a la antigüita.
