Martín Aguilar
La reforma constitucional de 2011 ha tenido un efecto transformador gracias a la interpretación de la Corte a favor de los Derechos Humanos que ha servido para la construcción de un nuevo paradigma constitucional que hace diferencia en la vida de las personas.
Durante su participación en la mesa de diálogo «La Reforma Constitucional desde la mirada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que se tiene un avance en Derechos Humanos desde la Suprema Corte.
Destacó que en 2011 el debate fue muy intenso y la Corte estaba claramente dividida y los tribunales federales también, de tal manera que se hizo un enorme esfuerzo de consenso, en el cual participaron, diez de los once integrantes del Pleno en aquella integración, para generar un consenso en la muy importante contradicción de tesis 293 de 2011, a partir de la cual se generan dos cosas; por un lado, un nuevo parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos estrictamente, exactamente contenidos en la Constitución como aquellos que se contienen por vía indirecta al estar en tratados internacionales.
El Ministro Presidente resaltó que, a partir de eso, este parámetro, este bloque de constitucionalidad, es el parámetro de validez de todo el orden jurídico nacional, de tal suerte que normas de carácter general: leyes, reglamentos, constituciones locales contrarias a este parámetro, son inconstitucionales e inconvencionales, porque en México la constitucionalidad que tiene que ver con los derechos humanos a partir de la reforma es un control de constitucionalidad –convencionalidad.
Agregó que este es un primer alcance muy importante que cambió para siempre la historia del derecho constitucional y la vida de las personas en México, y es una resolución de una enorme relevancia, porque a partir de entonces los derechos humanos de los que gozan todas las personas en México se ampliaron exponencialmente y el control jurisdiccional sobre ellos.
Destacó que lo segundo, que deriva de esta contradicción, es dar el paso para que toda la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea vinculante para las personas juzgadoras de nuestro país.
Concluyó destacando que lo que se genera con la Corte Interamericana no es una jerarquía de Cortes, sino un diálogo constructivo en que las Cortes nacionales y la Corte Interamericana «buscamos aquello que protege de mejor manera a la persona».