Rebeca Marín
La Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, tiene estimado gastar de 714 millones 421 mil 651.32 pesos para diversas obras que se realizan en el Parque Nacional de la Justicia (PNJ), en la zona de Santa Fe, donde será la nueva sede del organismo.
Hasta marzo de 2022, las obras, dictámenes de estructura y remozamiento en los dos predios de 163 mil 387 metros cuadrados cedidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la FGR, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevaban una erogación de 149 millones 943 mil 741.29 pesos.
La propiedad, también conocida como «Complejo CONAFRUT», ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia San Gabriel, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, frente a Lomas de Bezares y Bosques de las Lomas, fue destinada a la Fiscalía el 5 de junio de 2020 mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública, con corte a septiembre de 2021, realizado por la Coordinación de Planeación y Administración y por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la FGR, la obra más costosa es la «ampliación y reestructuración del Parque Nacional de la Justicia», estimado en 370 millones de pesos.
En este caso, por tratarse de un proyecto plurianual, la primera etapa de la obra tuvo un gasto de 70 millones de pesos. Los trabajos iniciaron en noviembre del año pasado y la fecha de conclusión —según el documento de la FGR— es en mayo de 2022.
La empresa Ingeniería y Control de Proyectos (Incop), especializada en construcción de hospitales, ganó esa licitación de ese contrato.
En total son 11 contratos (seis del ejercicio fiscal 2021, cuatro de los ejercicios fiscales 2021-2022 y uno del ejercicio fiscal 2022), de los cuales ocho son de licitación pública nacional, dos de invitación a cuando menos tres personas y uno de adjudicación directa.
Uno de esos predios, de 86 mil 979 metros cuadrados, fue asignado en abril de 2001 por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era el hoy fiscal Alejandro Gertz, para que ahí se construyeran los «centros de inteligencia y comunicación estratégica» de esa dependencia.
Los acuerdos para la cesión de estos terrenos a la FGR (el segundo de 76 mil 408 metros cuadrados) mencionan que «se destinan los inmuebles descritos para la construcción y uso de oficinas», aunque establece que «no transmite la propiedad de los mismos ni otorga derecho real alguno de los predios».
El 23 de marzo de 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó la necesidad de recibir una fracción de ese terreno, mediante el Oficio OM/DGRMSG/0708/2016, a efecto de que fuera utilizada para la Academia Regional Metropolitana de la Policía Federal.
Para el 27 de octubre de ese año en el DOF se publicó el acuerdo en el que se establece el destino del predio a favor de la Secretaría de Gobernación para los fines solicitados.
En diciembre de 2021, de acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública de la FGR, iniciaron las obras del segundo contrato más oneroso para la construcción de este complejo, con un costo estimado de 267 millones 375 mil 910 pesos. El concepto para justificar el gasto de esos recursos fue la «construcción y adecuación del Parque Nacional de la Justicia».
La fecha de conclusión de esta primera etapa de la obra está fijada por la Fiscalía para septiembre de 2022 y el desembolso es, hasta el momento, de 30 millones de pesos.
Entre junio y septiembre de 2021 se cumplimentaron dos contratos, el primero por tres millones 696 mil 721.66 pesos y el segundo por nueve millones 031 mil 224.66 pesos, para «trabajos de desmantelamiento de cancelería y fachada» y para «trabajos de obras exteriores, consistentes en reforestación del predio», respectivamente.
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